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Los gremios estatales nucleados en la Fegeppba reclamaron a la Legislatura y al gobierno bonaerense que se avance con la creación del organismo imparcial para la resolución de conflictos previsto en la Constitución.
Esta semana, la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba) exigió nuevamente a la Legislatura y al gobierno bonaerense que se avance con la creación del ente imparcial de mediación, previsto en la Constitución, y cuya función clave es dirimir los conflictos entre los trabajadores y el Estado provincial.
Se trata de una vieja aspiración de los sindicatos que cuestionan que, ante la falta de acuerdo por cuestiones laborales o salariales, el ministerio de Trabajo asuma el rol de juez y parte en las controversias con la administración bonaerense.
Un proyecto de ley avanzó en el Senado y pasó a Diputados, pero varios de sus artículos son cuestionados por los gremios. Aún así, las organizaciones sindicales aspiran a introducir algunos cambios y que la Legislatura avance con la sanción de la iniciativa.
En ese sentido, los gremios de Fegeppba apoyaron la idea de que se apruebe una ley, pero anticiparon que “deberían realizarse importantes modificaciones al mismo para que pueda cumplir sus fines y respete lo establecido en la norma constitucional”, al tiempo que indicaron que “respetamos la decisión colectiva producto del trabajo en equipo, privilegiando todos los aportes y sin que un gremio en particular haya determinado o determine procedimientos o contenidos”.
Asimismo, acotaron que las modificaciones al proyecto oficial de creación del organismo imparcial impulsada por la organización “han sido confeccionadas por nuestra Federación, con la participación e intervención de todas las organizaciones gremiales que la componen”.
Con la firma de su conducción encabezada por los dirigentes Julio Castro y Miguel Zubieta, Fegeppba puntualizó que “la urgencia de contar con esta ley se encuentra resistida por algunos sectores gremiales y el propio Poder Ejecutivo, que utilizan la figura de la conciliación obligatoria como herramienta para dilatar la solución de los conflictos colectivos, impedir la aplicación de justas reivindicaciones y establecer una mordaza sobre los gremios estatales”.
Finalmente, señalaron que “el solo hecho de ser juez y parte desde el ministerio de Trabajo mediante la actual legislación, impide una verdadera y democrática resolución de la negociación colectiva del sector público, posibilita que ciertos gremios residuales actúen en contra de los intereses de los propios trabajadores del Estado y desvirtúen la existencia legislativa nacional en materia de relaciones laborales, contradiciendo principios sustentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyos convenios, suscriptos por la Nación Argentina, tienen fuerza de ley”.
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