Los referentes del campo se reunirán con funcionario para que no prospere la suba del 30 por ciento prevista para ese impuesto. El año pasado, el gobierno provincial había dado marcha atrás con una medida similar.

Entidades rurales de la provincia se reunirán con legisladores para pedirles que rechacen el aumento del 30 por ciento al Impuesto Inmobiliario que propone la Provincia, tal como ocurrió el año pasado con el intento de suba del 18 por ciento que iba a ser destinado a seguridad.

Fuentes del sector indicaron que la Mesa de Enlace provincial, que nuclea a Carbap, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, se reunirá la semana próxima para delinear una estrategia común e iniciar una ronda de consultas con legisladores de la oposición, con el objetivo de “convencerlos” de no acompañar los aumentos que el Ejecutivo plantea en la Ley Impositiva. 

El titular de Carbap, Horacio Salaverri, señaló que los ruralistas “manifestaremos a los legisladores nuestra preocupación por los aumentos impositivos”, al tiempo que consideró que la propuesta “debería atenuarse”.

La apuesta de las entidades es evitar la modificación de la base imponible del tributo, lo que, según indicaron, impactaría en algunos impuestos nacionales como Sellos y Transferencias.

Para ello pedirán que cualquier esquema de aumentos que se contemple sea “sensiblemente inferior” al 30 por ciento, y que el mismo se opere a través de la modificación en las alícuotas del impuesto.

Desde Carbap, en tanto, indicaron que la estrategia será “decirles a los legisladores por qué no podemos afrontar un aumento del 30 por ciento: si la Provincia quiere recaudar del campo, que arregle con la Nación, que se lleva toda la torta”.

“Con el Ejecutivo este es un tema agotado: para ellos es una decisión tomada y no la van a cambiar”, indicaron los ruralistas, quienes apuestan a la Legislatura, donde ya el Frente Renovador rechazó las subas y complicó la situación para el Ejecutivo en el Senado.

Finalmente, los dirigentes recordaron la situación que se dio el año pasado, cuando el Gobierno, tras el rechazo opositor, dio marcha atrás con una suba del 18 por ciento en el Inmobiliario.