La caída del consumo masivo, sumada al ingreso de productos importados y a una estabilidad inflacionaria que no alcanzó para reactivar la actividad económica, volvió a encender alarmas en el mercado laboral. En la provincia de Buenos Aires, el deterioro ya se refleja en una sucesión de despidos, suspensiones y cierres de empresas que intentan sobrevivir a una crisis que se profundiza mes a mes.

Los datos son elocuentes. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que 19.164 empresas empleadoras dejaron de existir en ese período. La cifra equivale a casi 30 cierres por día, un ritmo que grafica con crudeza la contracción del entramado productivo.

Uno de los sectores más afectados es el vinculado al consumo de alimentos. En Bahía Blanca, el supermercado mayorista Yaguar cerró sus puertas tras casi dos décadas de actividad y dejó a unos 50 empleados sin trabajo. Si bien la empresa argumentó que el mal estado de la ruta nacional 33 dificultaba la llegada de clientes, los trabajadores señalaron que esa situación se combinó con la caída del poder adquisitivo y un manejo empresarial deficiente. "Todas las sucursales vienen con despidos, pero la de Bahía Blanca es la única que cerró", advirtió Juan Ignacio Mangiapane, uno de los empleados afectados.

La crisis golpea también a grandes grupos del sector comercial. Cencosud decidió achicar su estructura en el país y, por la caída de ventas, cerró la sucursal de Vea en San Pedro -donde 30 personas quedaron sin trabajo- y la de Easy en La Tablada, que afectó a cerca de 55 familias. Esta decisión se suma al cierre de las sucursales de Moreno y Castelar registrado en octubre, que implicó casi 80 indemnizaciones.

En paralelo, el Grupo Granja Tres Arroyos atraviesa un momento crítico pese al crecimiento del consumo de pollo en el país. La empresa analiza cierres temporales o definitivos, especialmente ante los retrasos salariales que ya motivaron reclamos en algunas localidades. Aunque se busca evitar despidos, la incertidumbre crece entre los trabajadores.

La industria láctea vive su propio temblor. La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), fabricante de yogures, flanes y postres de la marca SanCor. Su planta de Lincoln empleaba a 180 personas, que quedaron sin ingresos de un día para el otro. A esto se suma la quiebra de Conosur SA -vinculada al grupo Maralac-, que administraba desde 2012 la histórica fábrica La Suipachense, de la cual dependían 140 familias en Suipacha.

Los despidos "por goteo" se replican en distintos rubros y zonas. En las últimas horas, Frávega cerró sorpresivamente su local de Temperley, y el Sindicato de Empleados de Comercio advierte que podrían producirse hasta 300 cesantías en todo el país. A fines de octubre, SKF confirmó el cierre definitivo de su planta de Tortuguitas, donde trabajaban 150 personas, mientras que la petroquímica Sealed Air Quilmes despidió a 89 empleados por una supuesta reestructuración.

También siguen sin solución conflictos de larga data, como el de la fábrica de porcelanato ILVA en Pilar, con 300 operarios en la calle sin recibir indemnizaciones desde hace casi tres meses, o las 175 suspensiones dictadas por la tradicional empresa Textilana S.A. en Mar del Plata, fabricante de la marca Mauro Sergio.

El panorama se agrava con la situación de Acerías Berisso, donde los trabajadores acumulan dos meses de salarios impagos, denuncian despidos pese a la conciliación obligatoria y viven en total incertidumbre. La planta permanece paralizada y unas 30 familias dependen de una solución que no termina de llegar.

La combinación de consumo deprimido, inflación persistente, mayor apertura importadora y costos crecientes golpea a industrias de todos los tamaños. En la provincia de Buenos Aires, el impacto ya dejó miles de familias sin empleo y encendió las alarmas de sindicatos y municipios, que advierten que, si no cambia la tendencia, el fin de año podría traer aún más conflictos laborales.