El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra un total de 62 páginas de Internet que ofrecían, de manera ilegal, servicios apócrifos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida, que busca combatir una práctica en crecimiento, se dio luego de varias semanas de investigación por parte de la cartera que encabeza Martín Marinucci y se inscribe en un contexto de debate nacional sobre la eventual flexibilización de los requisitos para acceder a este trámite obligatorio.
Según informaron desde el organismo provincial, la investigación comenzó con un monitoreo sistemático de publicaciones en redes sociales y sitios web no oficiales. En una primera instancia se detectaron 16 perfiles falsos en el marketplace de Facebook. Pocos días después, se identificaron otras 46 páginas que ofrecían la misma modalidad fraudulenta, alcanzando un total de 62 sitios involucrados. La Dirección Provincial de VTV fue la encargada de realizar el relevamiento y confirmar que se trataba de plataformas que operaban al margen de la legalidad, simulando ofrecer turnos, obleas y certificados de verificación sin control técnico alguno.
La presentación judicial fue realizada con el objetivo de desarticular estas maniobras que, además de constituir un engaño económico a quienes buscan realizar el trámite, representan un riesgo directo para la seguridad vial. “La seguridad no se negocia”, enfatizó el ministro Marinucci al confirmar la denuncia. “Desde nuestro lugar debemos garantizar la transparencia y la seguridad, por eso denunciamos las páginas y propagadores de obleas de VTV falsificadas”, subrayó.
El funcionario también señaló que estas prácticas derivan no solo en un perjuicio económico para el Estado y los usuarios, sino que también representan una amenaza concreta para la integridad física de la ciudadanía. “Tampoco podemos permitir vehículos que circulen con una cédula de verificación falsa. Es un riesgo grave para cada conductor, para cada vecina y vecino”, indicó. En ese marco, destacó que las plantas oficiales de la provincia cuentan con el equipamiento y la tecnología necesarios para realizar un control exhaustivo y certero del estado de los automóviles y motocicletas.
Actualmente, el costo del trámite de verificación para vehículos de hasta 2500 kilos es de $63.463,30, una cifra que, aunque significativa, garantiza la revisión de aspectos mecánicos esenciales que hacen a la seguridad en la vía pública. La falsificación de la documentación correspondiente no solo evade ese costo, sino que vulnera las condiciones mínimas que aseguran que un vehículo pueda circular en condiciones técnicas adecuadas.
Marinucci remarcó, además, que este tipo de fraudes no solo debe ser desalentado desde lo comunicacional, sino también perseguido desde lo judicial. “No solo se trata de una estafa: las personas que falsifican documentos oficiales se exponen al accionar judicial. Por ahorrarse un trámite, no solo ponen en riesgo su vida, sino que cometen un delito penal”, puntualizó.
En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que continúa trabajando en una serie de medidas para profundizar la transparencia del sistema. Entre ellas, se destaca la reciente implementación de un nuevo sistema de gestión online para los Juzgados de Faltas, el cual permite optimizar tanto la consulta como el pago digital de infracciones de tránsito. Esta herramienta, según explicaron desde la cartera, apunta a agilizar los procedimientos administrativos y brindar mayor claridad y acceso a las y los usuarios.
La denuncia penal contra las páginas web truchas se da en un momento particular, ya que el Gobierno nacional avanza con una propuesta para flexibilizar la obligatoriedad de realizar la VTV exclusivamente en plantas habilitadas, abriendo la posibilidad de realizarla en talleres mecánicos o concesionarias. Frente a ese escenario, desde la provincia de Buenos Aires sostienen la necesidad de mantener controles estrictos que aseguren el correcto estado de los vehículos en circulación.
En definitiva, la acción judicial emprendida por el Ministerio de Transporte bonaerense no solo busca castigar a quienes comercializan ilegalmente servicios públicos, sino también preservar un estándar mínimo de seguridad vial en un contexto donde la informalidad digital se ha convertido en una amenaza tangible. Mientras se esperan avances en la investigación judicial, las autoridades provinciales reiteran a la población que el único canal válido para acceder al servicio de VTV es a través de las plantas oficiales habilitadas, cuyos datos pueden consultarse en el sitio web oficial del organismo.
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