Sería exigido a los comerciantes que facturen más de 192 mil pesos al año. La administración de Scioli buscará transformarlo en ley los próximos meses.
El gobierno bonaerense trabaja por estas horas en una redefinición del proyecto de ley que obligará a los comercios a contar con terminales de pago electrónico, de manera de permitir a los clientes pagar con tarjetas de crédito y débito.
La idea oficial es tomar como piso la categoría G de monotributo para exigir el posnet, es decir, aquellos inscriptos en Ingresos Brutos que facturan más de 192 mil pesos anuales.
De acuerdo a los cálculos oficiales, de los 600 mil monotributistas inscriptos en la provincia, la medida alcanzaría a unos 33 mil, es decir, casi un 5 por ciento del total. En tanto, existen otros 700 mil contribuyentes de Ingresos Brutos que figuran como responsables inscriptos, quienes estarán alcanzados por la ley siempre que su actividad sea a consumidor final.
Así, el proyecto sobre el que se trabaja flexibiliza el presentado originalmente por el senador kirchnerista Gustavo Oliva, y contempla parte de los planteos que venían realizando sectores de la oposición y cámaras empresarias.
En forma paralela, la Provincia comenzó a negociar con las empresas proveedoras de los posnet, en busca de que bajen los costos por el alquiler del servicio, que oscila entre 230 y 380 pesos mensuales. Esta gestión es llevada adelante por el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni.
Asimismo, en la Provincia se dice que el proyecto busca que se garantice la aceptación de tarjetas, ya que “beneficiará a los consumidores y se transformará en una herramienta eficaz contra la evasión”.
En este sentido, uno de sus más férreos defensores es el director de Arba, Iván Budassi, quien señaló que “durante el verano, cada vez que nuestros inspectores controlaban en forma presencial las ventas en comercios que sólo operaban con efectivo, la facturación crecía entre un 300 y 1.000 por ciento”.
Por tal motivo, destacó que “ampliar la posibilidad de pago electrónico impedirá esta modalidad de evasión”.
Una vez definido el proyecto, el gobierno buscará acordarlo con la Legislatura para transformarlo en ley en los próximos meses.
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