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Se trata de unas 980 pequeñas y medianas empresas, que apuntan a la quita de la comisión con la que los bancos se quedan en los depósitos en efectivo, la cual ronda entre el 0,5 y el 2 por ciento.
Unas mil entidades adheridas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representando a cerca de 500 mil pequeñas y medianas empresas, reclaman la quita de comisiones por depósitos en efectivo.
"Representa un abuso y un doble cargo, puesto que como clientes ya abonamos, con gran esfuerzo, los costos de mantenimiento de las cuentas e intereses", sostuvieron las federaciones y cámaras que remitieron masivamente quejas al Banco Central para que adopte medidas.
Los bancos cobran entre 0,5 y 2 por ciento de comisión por recibir depósitos por caja, lo que desató la ira de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país que requieren del servicio para poder insertar en sus cuentas la recaudación diaria por seguridad y para sistematizar los pagos a proveedores, salarios y servicios. "Este tributo, arbitrario e irregular, representa un costo adicional que agudiza la transferencia de recursos del sistema productivo al financiero, debilitando aún más la actividad del sector y alimentando la inflación y la cartelización", expusieron.
Si se realiza una legislación comparada, el Banco de España, por ejemplo, se pronunció sobre este tema en su Memoria de Servicio de Reclamaciones de 2012: "Por definición, la aceptación de ingresos en efectivo para abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente.
Es decir, “dado que el servicio de caja en estos supuestos se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de cualquier otra comisión se considera improcedente. En consecuencia, siempre que el ordenante del ingreso no pretenda un servicio adicional al del simple ingreso de efectivo en la cuenta de un tercero, como, por ejemplo, identificar el concepto del ingreso o el nombre del ordenante, las entidades no están habilitadas para adeudar comisión alguna por prestar este servicio".
En este sentido, como reclamo generalizado, CAME puso en conocimiento el listado de las 980 entidades pymes de todo el país que han respaldado esta petición.
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