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Desde la ONG Cepis señalaron que el aumento “carece de todo tipo de legalidad”, ya que se adelantó un mes, siendo que la normativa lo preveía a partir del 1º de mayo.
La asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó ante la Justicia un amparo para postergar hasta mayo el fuerte aumento en la tarifa de gas que rige desde el 1º de abril, un mes antes de lo que indica la normativa.
Desde el Cepis solicitaron a la Justicia que frene “el nuevo tarifazo de gas porque se trata de un aumento inconstitucional”, y el amparo cayó en el Juzgado Federal Nº 2 de La Plata a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu.
“Interpusimos un amparo contra el ministerio de Energía y Minería de la Nación y el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) porque anticiparon un mes la aplicación del aumento del 40 por ciento en la tarifa de gas natural por redes: la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1º de mayo de 2018. De modo tal que si se aplicara desde el 1º de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos”, indicó la entidad.
La semana pasada, el ministro de Energía Juan José Aranguren, anunció que desde abril las facturas de gas vendrán con un incremento promedio de 32 por ciento, aunque en las categorías más bajas, las subas llegarán hasta el 40 (igual que para las Pymes).
El titular del Cepis, Mariano Lovelli, reclamó en la presentación ante la Justicia que “se ordene al Enargas que proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”. En declaraciones a Radio 10, el abogado calificó de “arbitraria” la decisión de Aranguren de adelantar las subas y remarcó que “no hay motivo para que estos señores adelanten el saqueo al bolsillo de la gente”.
Para el Cepis, el aumento adelantado “carece de todo tipo de legalidad” y “conculca de manera clara, concreta y evidente el patrimonio de los usuarios del servicio de gas natural”. Afecta los derechos constitucionales a la propiedad y es un aumento “confiscatorio y atentatorio contra los principios de razonabilidad y legalidad”.
Esta misma organización no gubernamental, en 2016 demandó al Estado con el argumento de que las nuevas tarifas no eran razonables y violaban la obligación de realizar previamente audiencias públicas. La Corte Suprema terminó dándole la razón y frenó ese incremento de gas. También hizo una presentación similar el año pasado, cuando hubo dos incrementos de las tarifas.
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