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Frente al temor de que alteren la normalidad de la jornada electoral del domingo, el Gobierno bonaerense planificó un operativo para enfrenar este fenómeno y reforzará las medidas de seguridad con la participación hasta de las Fuerzas Armadas.
La decisión incluye un protocolo para evitar la suspensión del acto electoral y se adoptó luego de unas 3000 amenazas desde el comienzo de septiembre, según datos oficiales. Al respecto, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, explicó que se generará una acción articulada con el Comando Electoral, que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucran en la elección.
"Vamos a tener un protocolo, en primer lugar, para tratar de que no se interrumpa el acto electoral. Si eso ocurre, vamos a generar las condiciones para que todas las personas de esa escuela, voten igual", expresó el funcionario. "Sería, si no, tomar una acción pasiva y darles el gusto a los que están queriendo complicar no solamente el acto electoral, sino también el clima de estos días", planteó. Además, sostuvo que le llama "mucho la atención que (las amenazas) se concentren en la provincia de Buenos Aires, y que no haya habido voces de condena, más allá del oficialismo".
Las preocupaciones motivaron reuniones durante la semana pasada en el Ministerio del Interior, que tiene a cargo el escrutinio provisorio, y consultas cruzadas con el Ministerio de Defensa, del que depende el Comando General Electoral (CGE), que integran las Fuerzas Armadas, y el de Seguridad, que se vincula con las policías provinciales, que asisten en la logística del escrutinio.
El protocolo, que rige desde el regreso de la democracia, establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas lleguen el sábado a las escuelas y que inicien una revisión completa de los edificios y luego los clausuren. El domingo, los efectivos junto al delegado judicial y los presidentes de mesa, vuelven a revisar los cuartos oscuros y salones de votación sellados el día anterior, además de los baños que se habilitan. Las policías provinciales, se encargan del exterior y están habilitadas para revisar bolsos o carteras sospechosos.
Más allá de la cuestión electoral, el ministro advirtió que la provincia va a "continuar con el proceso penal" contra quienes realizaron llamados con amenazas de bomba y también generar la acción civil de recupero de los daños, “porque son todos los contribuyentes de la provincia los que pagan el gasto” de los operativos. “Estamos estimando los reclamos económicos en 100 mil pesos por cada amenaza falsa”, concluyó Ferrari.
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