Jueves 02 de Diciembre de 2021

Portos impulsa un proyecto de ley a favor de los abortos no punibles


  • Viernes 18 de Abril de 2014
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La diputada provincial pilarense presentó el texto, que será analizado en el recinto. La iniciativa propone que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga incorporen en su menú de prestaciones la cobertura de estas prácticas médicas. La diputada provincial oriunda de Pilar, Lucía Portos, presentó un proyecto legislativo impulsado por el FpV, que busca regular y garantizar el acceso a los abortos no punibles en todos los establecimientos de la red sanitaria provincial. La iniciativa propone, como primera medida, aprobar una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos que fuera elaborada por el ministerio de Salud de la Nación. “Este proyecto busca institucionalizar y modernizar el trabajo que viene haciendo la Provincia de Buenos Aires en relación con los derechos sexuales y reproductivos”, explicó la legisladora provincial. La iniciativa dicta que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga incorporarán en su menú de prestaciones la cobertura de estas prácticas médicas, y establece que los exámenes de salud que sean necesarios así como de la interrupción del embarazo, estarán a cargo de las obras sociales o entidades de medicina prepaga. Asimismo el proyecto establece que en aquellos casos en que las beneficiarias no cuenten con cobertura médica, los costos se solventarán con fondos del sistema de salud pública. “Hoy presentamos una herramienta que abarca aspectos sustanciales tanto legales como médicos, que se deben tener en cuenta para respetar los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la hora de llevar adelante esta práctica médica”, explicó la referente de La Cámpora local. La iniciativa además instituye como autoridad de aplicación al ministerio de Salud de la Provincia, y garantiza la intimidad de la paciente y la confidencialidad, preservando sus datos personales y familiares a terceras personas. También, impone un plazo máximo de cinco días corridos desde que se solicita o se indica la realización de la práctica, “para que no se generen demoras injustificadas al acceso a la intervención, comprometiendo los derechos de mujeres, niñas y adolescentes”. “Nuestra intención es que se abra un debate no solo en la Legislatura provincial, sino también en la sociedad para que las mujeres conozcan sus derechos y accedan plenamente al tratamiento digno correspondiente que plantea la norma”, concluyó.

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