Así lo sostiene Tomás Pérez Bodria, abogado local, quien en su presentación judicial analiza el apoyo del gobierno ante el caso y cómo esto puede provocar que existan más hechos de la misma clase.
El abogado pilarense, Tomás Pérez Bodria, ha presentado una denuncia ante el Juez Federal en la que demanda al presidente Mauricio Macri y a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el caso del agente Luis Chocobar, que disparó contra un delincuente, provocando su fallecimiento.
En la presentación judicial a la que tuvo acceso Resumen, el letrado local no desestima que pudiese haber otros implicados ya que la denuncia penal se extienda a “toda otra persona que resulte coautor, partícipe o cómplice de los hechos ilícitos” ocurridos el 8 de diciembre de 2017, tras el robo e intento de asesinato por parte de tres ladrones, a un turista estadunidense en el barrio de La Boca.
Pérez Bodria especifica que Juan Kukoc fue perseguido por Chocobar luego de ser detenido e intentar escapar y que, encontrándose a “varias cuadras del lugar de los hechos” es “perseguido a cierta distancia por el agente Chocobar quien disparó nueve veces su arma reglamentaria, recibe dos impactos: uno en una de sus piernas y el otro por la espalda a la altura de uno de sus glúteos”, siendo a consecuencia del segundo impacto que se produce el fallecimiento, tres días después.
El ex concejal peronista, además, deja en claro que Chocobar “sin correr el menor riesgo ni ser agredido por el perseguido, que, además, carecía de todo armamento, disparó contra él a sangre fría”, convirtiéndose así en un “homicidio calificado por subsumirse su conducta en las figuras de los incisos 1 y 9 del artículo 80 del código penal argentino (homicidio cometido con alevosía y abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad) en concurso ideal”.
Expuesto esto, Pérez Bodria acusa a Macri y Bullrich de “apología del delito” y de “encubrimiento agravado”. La primera acusación la ha sostenido con las declaraciones del Presidente al recibir a Luis Chocobar el 1º de febrero, en donde le asegura al agente que había cumplido con su función y afirma que, para ese momento, Mauricio Macri “se encontraba en pleno conocimiento” de las pruebas presentadas en la causa.
“Fortalecidas por emanar de las máximas autoridades de la Nación, las conductas denunciadas conforman un comportamiento idóneo para provocar la comisión de delitos similares por otras personas. Es así indudable que la apología en cuestión abriga la posibilidad de suscitar imitaciones para que el bien jurídico tutelado se vea amenazado. Se trata de una apología entendida esta palabra como alabanza, ponderación, exaltación y digno de defensa y aceptación por todos”, expresa el escrito.
En cuanto al encubrimiento, apelando a que como presidente de la Nación puede ejercer “presión” sobre el Poder Judicial que ha de llevar adelante el caso, permitiéndole al imputado “eludir las investigaciones”. A pesar de que Patricia Bullrich explicó que la ayuda sería para ofrecerle abogados, Pérez Bodria afirma que el estado ya provee asistencia letrada gratuita por lo que, a su parecer “es evidente que la investidura presidencial una vez más debe ponderarse como un elemento referencial para habilitar el potencial de impunidad que la ayuda prometida representa. Ayuda que puede, en este caso, tender a la obtención de una impunidad total -tal es lo que resulta de los dichos bien interpretados de los funcionarios- como a la minoración de la pena y de la multa”.
En el final del escrito, el letrado pilarense solicita que “atento el carácter instantáneo de los delitos denunciados y la claridad de las pruebas pertinentes, se reciba declaración indagatoria a los imputados” y que, tras cumplirse las pautas procesales, “se ordene la elevación a juicio”.
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