Imputaron al exministro Jorge D’Onofrio por las causas de multas y VTV

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue formalmente imputado por el fiscal Álvaro Garganta en una causa que investiga una compleja red de corrupción vinculada al manejo de las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), áreas que estuvieron bajo su órbita durante su gestión. La imputación alcanza a otras 15 personas, entre ellas funcionarios judiciales, empleados estatales y empresarios.

La causa se inició en octubre de 2023, y pese a la magnitud del escándalo, D’Onofrio resistió en su cargo durante varios meses, hasta que presentó su renuncia el 30 de diciembre del mismo año. Su salida fue reconocida públicamente por el gobernador Axel Kicillof a través de redes sociales, pero desde entonces no volvió a pronunciarse sobre el tema.

Durante la investigación, el fiscal Garganta identificó al menos tres maniobras ilícitas diferenciadas, aunque todas vinculadas al uso fraudulento de recursos públicos y a la obtención de beneficios indebidos por parte de funcionarios y empresarios. La principal fuente de recaudación irregular habría sido el sistema de multas de tránsito, donde un grupo de agentes dependientes del Ministerio de Transporte —en connivencia con gestores externos— ofrecía a los infractores la posibilidad de saldar sus deudas con descuentos del 50%.

Esa operatoria, que se habría iniciado en enero de 2022 con la llegada de D’Onofrio al ministerio, contaba además con la participación de jueces de faltas. Uno de los más destacados entre los imputados es Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata.

Otra maniobra detectada por la fiscalía apunta a irregularidades en la adjudicación de las concesiones para explotar el servicio de VTV. Según el expediente, siete empresas beneficiadas habrían sido obligadas a contratar previamente con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, en la cual funcionarios del Ministerio de Transporte tendrían intereses directos. Esta empresa, encargada de asignar turnos para la VTV, percibía una comisión del 8,5% (más IVA) por cada operación.

El tercer eje de la imputación contra D’Onofrio gira en torno a la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que reúne a pymes dedicadas a la fiscalización vial. Según el fiscal, dicha entidad habría facturado de manera irregular —y sin respaldo administrativo legal— los ingresos derivados de las infracciones de tránsito captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en diversos municipios bonaerenses como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.

La falta de autorización de estos dispositivos quedó plasmada en un informe del Ministerio de Transporte provincial, actualmente a cargo de Martín Marinucci. Allí se detalla que, sobre un total de 1404 cinemómetros en funcionamiento, 155 fueron provistos por CECAITRA y operaban sin el acto administrativo correspondiente, lo que indicaría una grave irregularidad legal y administrativa.

Hace diez días, en el marco de esta causa, se realizaron allanamientos en la sede de CECAITRA y en el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García, quien también fue imputado. Durante esos procedimientos, se secuestró un teléfono celular considerado clave para la investigación.

En el dictamen de imputación, al que accedió el portal Infobae, el fiscal Garganta mencionó delitos como fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y exacciones ilegales. En el caso específico de D’Onofrio, fue imputado como partícipe necesario en los delitos vinculados a las multas y como autor de las maniobras relacionadas con la VTV.

La imputación marca un avance significativo en la causa, y el siguiente paso será la convocatoria a indagatoria de todos los acusados.

Investigado también por lavado de dinero

De forma paralela, D’Onofrio enfrenta otra causa por lavado de activos, esta vez en el fuero federal. El expediente está a cargo del juez Adrián González Charvay, con sede en Campana. En ese marco, esta semana se allanó una financiera en el Microcentro porteño, donde se incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros y 112.000 reales.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio en el que, según la hipótesis judicial, funcionaba una empresa que había prestado dinero a Facundo Asencio, exdirector de Fiscalización y Control, para la compra de un automóvil de alta gama. Sin embargo, al momento del allanamiento, allí operaba una empresa distinta.

Ambas investigaciones, aún en etapa preliminar, podrían converger en un mismo eje de análisis: determinar si los beneficios obtenidos a través del esquema de corrupción fueron utilizados para lavar dinero o adquirir bienes de manera encubierta.