El caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue generando repercusiones políticas y judiciales. Y en Pilar, la primera candidata a concejal por Nuevos Aires, Adriana Cáceres, salió a fijar postura con fuertes críticas al kirchnerismo y al Gobierno nacional. “Es una noticia profundamente triste para todos los argentinos. Que un organismo destinado a cuidar a los más vulnerables esté envuelto en corrupción demuestra que la matriz que nos dejó el kirchnerismo sigue vigente y operando”, afirmó.
La dirigente vinculó directamente las denuncias a una práctica sistémica. “No es un hecho aislado. El kirchnerismo dejó enquistada una forma de corrupción estructural entre empresarios y funcionarios que sigue operando como una maquinaria silenciosa. Y lo más grave es que esa maquinaria sigue empobreciendo a los que más necesitan del Estado”, sostuvo Cáceres.
Sus declaraciones se dieron tras el operativo que tuvo lugar en Pilar, donde la Policía de la Ciudad interceptó al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en un country. La Justicia Federal dispuso el secuestro de su teléfono, una computadora portátil y documentación que será peritada. El procedimiento, ordenado por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón.
El expediente incluye presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta, incumplimiento de la ley de ética pública y hasta la hipótesis de una asociación ilícita. La pesquisa derivó en 15 allanamientos simultáneos, entre ellos la sede de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. Según los investigadores, allí se habrían direccionado licitaciones de medicamentos mediante sobornos.
Uno de los procedimientos más resonantes fue en Nordelta, donde el empresario Emmanuel Kovalivker, socio de Suizo Argentina, fue sorprendido cuando intentaba salir de su casa con sobres que contenían 266 mil dólares y más de 7 millones de pesos. También se incautaron anotaciones, celulares y pasaportes. En paralelo, se allanaron propiedades vinculadas al ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y a otros integrantes de la familia Kovalivker.
La investigación tomó estado público luego de que en un programa de streaming se difundieran audios de Spagnuolo, amigo personal y ex abogado de Javier Milei, donde hablaba de retornos en licitaciones. En esas grabaciones, mencionaba a la droguería Suizo Argentina y vinculaba las maniobras con los hermanos Eduardo “Lule” y Martín Menem, además de asegurar que había informado al propio Presidente. Pese a la magnitud del caso, la única respuesta oficial hasta el momento fue la salida de Spagnuolo de su cargo.
Frente a este panorama, Cáceres cuestionó la pasividad del Ejecutivo. “El Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de controlar a sus funcionarios y garantizar transparencia. Pero lo que vemos es un Estado que mira para otro lado, que no audita, que no previene, y que tampoco responde como debería”, criticó.
En cuanto a las medidas necesarias, planteó la urgencia de incorporar mecanismos de control similares a los del sector privado. “Es urgente implementar auditorías externas, controles cruzados y oposición de funciones. El Estado no puede seguir funcionando con la lógica burocrática que permite que los delitos se diluyan o queden impunes”, remarcó.
Por último, la candidata dejó un mensaje a las familias con discapacidad que dependen de la asistencia de la ANDIS. “No están solas, estamos con ellas; y ahora más que nunca hay que reclamar, exigir y luchar por el bienestar de sus hijos o familiares. Porque la dignidad no se negocia, y la justicia empieza por quienes más la necesitan”, cerró.
En medio de una causa que ya compromete a ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos, Cáceres buscó dar su mirada sobre la necesidad de transparencia en áreas sensibles como la salud y la discapacidad, donde la corrupción no solo vacía recursos públicos, sino que golpea directamente a quienes más necesitan del Estado.
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