Rechazan pedido de devolución de vehículos secuestrados a un concesionario por desobedecer una orden judicial

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, rechazó el pedido presentado por Carlos Alberto G., propietario de una concesionaria de autos ubicada en Pilar, para que le fueran restituidos nueve vehículos que habían sido secuestrados tras incumplir una orden judicial. El empresario había solicitado la devolución de los rodados argumentando un perjuicio económico por la imposibilidad de trabajar y ejercer una actividad lícita.

La medida alcanza a un Audi Q5, un Peugeot 208, tres camionetas Toyota Hilux, dos Ford Ranger, una Volkswagen Amarok y una Kia Carnival, que eran exhibidos para la venta en el sector parquizado lindante a la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,6, en terrenos pertenecientes a la Dirección Nacional de Vialidad y bajo concesión de Autopistas del Sol.

Según informaron fuentes judiciales al diario La Nación, el juez González Charvay tomó la decisión teniendo en cuenta el dictamen del fiscal federal Sebastián Bringas, quien advirtió que Carlos Alberto G. no es titular registral de ninguno de los vehículos. El empresario había presentado contratos de consignación para seis de los autos y documentación que acreditaría la entrega en parte de pago de los tres restantes. Sin embargo, el fiscal consideró que la restitución solo podría proceder si los titulares registrales los reclaman formalmente y si, previamente, el imputado otorga una caución equivalente al valor de cada vehículo.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por Autopistas del Sol, que alertó sobre la ocupación indebida del espacio público por parte de varias concesionarias —entre ellas Autos Pilar Premium, propiedad del imputado— que utilizaban el parquizado junto a la autopista como playa permanente de exhibición de vehículos. Tras constatarse los hechos, y luego de una intimación, el juez ordenó el retiro inmediato de los rodados. La medida fue cumplida en un primer momento, pero días después la Prefectura Naval relevó que Autos Pilar Premium había reincidido en la ocupación del lugar.

Como consecuencia, el 12 de junio se procedió al secuestro de los vehículos. El empresario fue citado a indagatoria el 30 de junio, instancia en la que se negó a declarar pero presentó un escrito deslindando responsabilidades. Afirmó que no fue él quien reincidió en la conducta prohibida y que la acción fue consecuencia de un error del personal a su cargo. También sostuvo que no existió dolo, elemento necesario para configurar el delito que se le imputa.

No obstante, el juez federal consideró acreditada la desobediencia deliberada a la orden judicial, destacando que el imputado había sido oportunamente notificado, que retiró voluntariamente los vehículos, y que aun así reincidió en la infracción al volver a estacionarlos en el mismo predio, aunque en un sector desplazado unos 100 metros.

Carlos Alberto G. fue procesado sin prisión preventiva por el delito de desobediencia a la autoridad, y se le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La causa, que continúa en trámite, también involucra a otras concesionarias de la zona como MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors.