Sábado 19 de Abril de 2025

Detienen a cinco personas acusadas de torturas en vivo y extorsión digital

La banda, liderada por un influencer, se dedicaba a contactar a hombres a través de aplicaciones de citas para someterlos a torturas físicas y psicológicas, transmitidas en vivo a través de plataformas digitales.


  • Jueves 17 de Abril de 2025
Torturas en vivo y extorsión

Cinco personas fueron detenidas en la ciudad de Buenos Aires por integrar una organización delictiva que seducía a hombres a través de redes sociales y luego los sometía a torturas físicas y psicológicas, las cuales eran transmitidas en vivo por plataformas digitales.

El grupo, que operaba bajo el nombre de "caza violines", se presentaba públicamente como una especie de justicia por mano propia contra abusadores sexuales.

El líder de la organización, Brandon Joaquín Maldonado, conocido en redes sociales como “El Quechuga” o “Brandon Lee”, acumulaba más de 80.000 seguidores en Instagram y tenía antecedentes por generar contenido provocador en plataformas de video.

Según fuentes del caso, el grupo se dedicaba a crear perfiles falsos en aplicaciones de citas para atraer a adultos, con la excusa de que buscaban detectar abusadores sexuales.

La táctica consistía en que una joven del grupo, de 21 años, se hacía pasar por mayor de edad en las primeras conversaciones, para luego introducir frases como "tengo 13" sin relación con el contexto, con el fin de acusar a los hombres de grooming y justificar así ataques violentos.

Uno de los casos que dio inicio a la investigación ocurrió a principios de marzo, cuando un hombre de unos 40 años conoció a una mujer a través de una aplicación de citas. Tras intercambiar mensajes y fotos, en los que claramente se presentaba como un adulto, acordaron encontrarse en un departamento ubicado en la avenida Corrientes al 4300.

Una vez en el edificio, la víctima fue reducida por cuatro hombres y sometida a una serie de agresiones físicas y psicológicas durante más de dos horas. Mientras tanto, las imágenes eran transmitidas en vivo por la plataforma Kick.

Los atacantes, además, difundieron los números de teléfono de familiares, amigos y empleadores de la víctima, lo que generó una cadena de mensajes, acusaciones y hostigamientos. La víctima fue liberada con la advertencia de no hablar sobre lo sucedido, pero luego presentó la denuncia ante las autoridades.

El grupo no solo operaba en la ciudad de Buenos Aires. En Pilar, la banda realizó varios escraches, siendo uno de los más conocidos el que tuvo lugar en un hipermercado ubicado en un reconocido paseo comercial del kilómetro 50. Estos escraches, junto con las transmisiones en vivo de los ataques, se convertían en una forma de viralización de contenido, cuyo objetivo no era solo la denuncia, sino también la creación de material impactante para aumentar su audiencia en las redes.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la intervención de la Policía de la Ciudad, que logró identificar una camioneta vinculada al grupo mediante el rastreo de comunicaciones y dispositivos. El 2 de abril, mientras los integrantes de la banda realizaban una nueva transmisión en vivo, las autoridades lograron ubicarlos y detenerlos en el mismo lugar.

Los detenidos enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, pluralidad de autores y coacción. Las penas para los mayores de edad podrían llegar hasta los 25 años de prisión, especialmente debido a la intervención de un menor de 17 años, cuya participación en los hechos motivó que la causa fuera elevada al fuero de menores.

El caso sigue en investigación y, aunque actualmente solo hay una denuncia formal, las autoridades sospechan que existen otras víctimas que no han radicado denuncia. A través de las transmisiones en vivo y el material compartido en redes, se espera poder identificar a más personas involucradas y víctimas de este grupo.

Por otro lado, a pesar de las detenciones, parte del contenido generado por la banda sigue disponible en redes sociales. Las autoridades judiciales están trabajando en colaboración con las plataformas para retirar el material y preservar los registros como prueba, mientras se continúa con la instrucción de la causa.

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