La denuncia de un pilarense hacia el fiscal Novo avanza en la Justicia

Los otros procesados son Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, adjuntos de Novo, Melisa Rey, secretaria de la Fiscalía General y Mariana Busse, secretaria de Gestión a cargo de la Fiscalía de San Fernando. La Cámara Federal de San Martín confirmó el martes el procesamiento del ex fiscal general de San Isidro, Julio Novo (suspendido en noviembre de 2015) y cuatro de sus colaboradores (Eduardo Marcelo Vaiani, Rodrigo Fernando Caro, Melisa Fernanda Rey y Mariana Bussé)  por el delito de “encubrimiento agravado” en el marco de una causa en la que se les atribuye haber entorpecido la investigación de una serie de crímenes vinculados al narcotráfico: el de los colombianos Héctor Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, ocurrido el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter y el ocurrido un año después, el 23 de febrero de 2009, donde Juan Sebastián Galvis Ramírez  fue asesinado frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la avenida del Libertador al 1999, en San Fernando. El fiscal Luis Angelini, querellante en la causa fue quien tomó el caso de Unicenter tras el desplazamiento de Diego Grau, a quien Novo sacó del caso cuando éste avanzaba en la hipótesis que involucraba a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá (hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea Argentina). En el 2012, el pilarense Angelini denunció que desde la Fiscalía General estaban colocando trabas para continuar la investigación. Asimismo, hasta el momento las pruebas recolectadas demuestran que Angelini habría sido objeto de persecución y obstrucción de su labor sobrecargándolo de obligaciones y presionándolo jerárquicamente, entorpeciendo así la investigación. La Sala II del Tribunal, con los camaristas Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, ratificó el procesamiento que en primera instancia impuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a fines de octubre del 2016 tras la presentación de declaraciones, documentación y entrecruzamientos telefónicos. Cabe destacar que los cinco también están imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.