Justicia, derechos humanos y acuerdos políticos

Frente al enorme desprestigio de la justicia y al politizado manoseo de los derechos humanos, los ciudadanos de a pie vislumbran a partir de los acuerdos políticos un futuro distinto. Casi el 80% de los argentinos entiende, según encuestas recientes, que la justicia argentina necesita una reforma. Estos sondeos de opinión revelan que las severas observaciones al desempeño judicial, provienen tanto de aquellos que apoyan al Gobierno como así también de quienes lo critican. Pareciera entonces que la demanda de cambios en el sistema judicial argentino genera una coincidencia que impulsa la desaparición de la denominada grieta. En buena hora que comiencen las coincidencias en temas centrales que tienen que ver con las instituciones de la República. Muchas de estas coincidencias tienen que ver con cuestiones tan simples pero trascendentes como el conocimiento de la ley, el valor de la vida, el sentido común, la razonabilidad de criterio a la hora de interpretar las normas legales y el unánime repudio al tratamiento de causas de corrupción. Como todos sabemos estas funciones conllevan valores y la aplicación de las mismas son competencia de los magistrados en funciones. La última tragedia que refleja, como mínimo la negligencia judicial, tuvo como protagonista a una criatura de 12 años, Abril Bogado, que fuera salvajemente baleada, delante de su familia por un delincuente que había sido beneficiado con una salida anticipada por parte del juez de ejecución penal de La Plata Nicolás Villafañe. Pareciera que el juez no habría prestado atención y ponderado debidamente el informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense, que aconsejaba no otorgarle el beneficio de la excarcelación al por entonces preso José Edgardo Echegaray Biel. Los funcionarios de las dependencias de los ministerios de justicia nacional y provinciales, jueces, y colegios de abogados discuten ahora sobre si la libertad condicional es un derecho o una excepción. La triste realidad es que Abril ya no está con su familia, ni con sus amiguitos ni con nosotros por el accionar de un delincuente que debió haber estado en la cárcel. Es oportuno recordarles a los jueces, que cuando ellos no entienden acabadamente sobre alguna materia o cuestión involucrada en una causa a su cargo, pueden recurrir y así mayoritariamente lo hacen a la convocatoria de un experto en la materia de que se trate. Este experto se denomina “auxiliar de justicia” y es convocado para emitir opinión técnica sobre aquella o aquellas cuestiones que requiera el magistrado a cargo de la causa. Ahora bien, esta opinión profesional que los auxiliares elevan como “informe técnico” o “dictamen técnico” debe ser tenida en cuenta por los jueces a la hora de tomar resoluciones en la causa o causas que dirigen. Esto también vale para los informes que remiten a las causas a raíz del pedido del tribunal, los organismos oficiales y eventualmente privados relacionados con imputados, procesados o condenados judicialmente. Pareciera que el juez Villafañe recordado por la denominada “masacre de Hudson”, tragedia ocurrida hace tiempo en la que murió una familia en el sur del conurbano bonaerense, habría desestimado el informe del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los fallos hablan sobre el trabajo de los magistrados. Las penosas consecuencias del fallo que nos ocupa están a la vista. El exceso del abolicionismo/garantismo en muchos fallos judiciales presentado como una cuestión ideológica, no es otra cosa que el accionar en desprecio por la vida de la gran mayoría de los habitantes de bien que habitan nuestro país. Vale la pena recordar al respecto las palabras de Vivian Perrone, integrante de la ONG Madres del Dolor, quien recientemente participó de una reunión en Olivos con el Presidente Macri. Esta mamá atravesada por el dolor de la pérdida de su hijo dijo: “Si nuestra vida depende de un juez que le parece más importante la vida del victimario que de la víctima estamos perdidos.” Discrepo con algunos funcionarios, legisladores y periodistas que sostienen que “el problema no es un juez, sino el sistema judicial y penitenciario”. En todos los casos como el comentado en los párrafos anteriores el problema es el juez. En un reciente reportaje radial que quien suscribe le hiciera al Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Guillermo Lipera sobre esa problemática respondió: “cuando los jueces quieren pueden”. Ilustrando de esta forma que la morosidad en el trámite de las causas o la producción de fallos retorcidos o amañados, no tienen que ver con la falta de leyes o normas adecuadas, sino con la interpretación y aplicación que cada juez hace de las mismas. También el manoseo de los derechos humanos por parte de dirigentes políticos kirchneristas/cristinistas, la izquierda y los argumentos supuestamente ideológicos de algunos abogados e ilustrados “intelectuales” enrolados en esos espacios, han contribuido a influenciar significativamente a algunos agentes que cumplen funciones en los distintos poderes del Estado Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El desarrollo de este tema, como asimismo la actuación de la renunciada procuradora general de la Nación Gils Carbó y de algún otro ex-fiscal serán motivo de análisis en la próxima columna. En lo político vinculado al Gobierno y a los espacios responsables de la oposición, el pasado jueves 9 al regreso de su viaje a la ciudad de Nueva York el Presidente Macri se reunió con los gobernadores. A la ciudad del país del norte concurrió para, luego del triunfo electoral del pasado 22 de octubre, promocionar a la Argentina y atraer capitales que inviertan en nuestro suelo en diversas obras de infraestructura y emprendimientos privados. Con los gobernadores y los principales funcionarios nacionales comenzó formal y prácticamente el diálogo para buscar consensos respecto de los proyectos del oficialismo de la reforma impositiva, laboral, previsional y a un esquema de coparticipación federal. No asistió a la reunión la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner de viaje por España, quien envió en su representación al vice Pablo González. Se nota a todas luces la gran preocupación por la situación de los compatriotas santacruceños. Este encuentro del Presidente con los gobernadores y los funcionarios nacionales abre un debate con muy pocos antecedentes en la historia contemporánea argentina, que permite vislumbrar la concreción de acuerdos político económicos que lleven a nuestro país a un futuro distinto, un futuro mejor. Fernando Robles Analista político y economista Seguime en www.fernandorobles.com.ar