El desafío de generar una Justicia moderna

Por Marcelo Bermolen Abogado. Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral Más del 58 por ciento de los argentinos cree que el principal problema de la Justica es la corrupción, según un estudio de Voices. Y esa combinación corrosiva no es un problema que se circunscriba a jueces, políticos y abogados. Las sociedades insertas en un marco de corrupción sistémica se acostumbran a la injusticia y fluctúan entre la apatía y la impunidad. La comunidad tiende a creer que el Estado no lucha lo suficiente, ni tiene pleno interés en hacerlo. Que ese combate se acrecienta con el cambio de gobierno y sólo en referencia al pasado. Es decir, se persigue mal, a destiempo y selectivamente. Aun así, en los últimos años, entre el 40 y el 45 por ciento de los argentinos piensa que se acrecienta la lucha contra este flagelo, pero hay un alto descreimiento sobre la efectividad de esa batalla. Percepciones, sensaciones, intuiciones, frente a la ausencia de datos, mediciones y estadísticas. Contar con información completa y adecuada, permitiría llevar adelante las reformas estructurales que el sistema judicial reclama. La ley de acceso a la información pública que ha entrado en vigencia y abarca al Poder Judicial, podría constituirse en una herramienta decisiva para transparentar su funcionamiento. Desde el Consejo de la Magistratura se ha dispuesto realizar auditorías a la justicia penal federal. Algunos de esos resultados preliminares son lapidarios y están relacionados con la lentitud, la ineficiencia, y el posible mal desempeño de los magistrados, como potenciales síntomas de corrupción. Las causas en las que se investiga corrupción ligada a funcionarios públicos duran un promedio de 14 años. Más del 90 por ciento de ellas no llegan a la etapa de juicio y un porcentaje mínimo acaba en condenas. La mayoría culmina con la prescripción. La justicia es un sistema ineficiente e ineficaz. Muchas de las tragedias que han signado la vida argentina siguen irresueltas después de décadas, acentuando la imagen de impunidad, burocracia y privilegios. La idea social de puerta giratoria y revisión permanente de los fallos acentúa aún más la desconfianza ciudadana. Dos grandes tentaciones asoman frente a las carencias del sistema judicial. Una: responsabilizar con exclusividad a la corporación política por su contaminación, asociando falta de independencia con discrecionalidad en los mecanismos para propiciar designaciones, realizar juicios políticos y promover destituciones. Otra: que los jueces cubran su propia ineficiencia convirtiendo a la corrupción en un espectáculo ciudadano, que además de entretener y aparentar un avance, puede generar acostumbramiento y cansancio social. La ciudadanía no se responsabiliza por la casta política que elige, ni asume su propia tendencia a la corrupción. Cuatro de cada diez argentinos -según Latinobarómetro- admiten sentirse con probabilidad de sobornar con éxito a un policía, un juez o un funcionario, lo que confirma que la corrupción es cultural y estructural pero enraizada en la propensión social a no cumplir la ley. Un alto porcentaje de juzgados vacantes es una oportunidad para jerarquizar el rol de los nuevos jueces. Controlar la gestión, medir el desempeño, instaurar un proceso más ágil, mejorar la infraestructura y dotar a la Justicia de recursos bien administrados, ayudaría a generar una justicia moderna, respetada, eficiente y confiable, acorde al siglo XXI.