A 24 años del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país, asistimos a hechos de violencia en la Patagonia que van contra el orden, la ley y la paz social bajo la apariencia de reclamos ancestrales reivindicatorios.
En el orden internacional la reunión mantenida entre el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker el pasado miércoles, generó un acuerdo tendiente a destrabar el conflicto comercial entre el país del norte y la unión europea. El objetivo consensuado es trabajar conjuntamente en procura de reducir y eliminar, en algunos casos, aranceles a los productos industriales que compran y venden ambas partes con excepción de automotores. En virtud de ello, la comunidad europea compraría más soja estadounidense, en tanto los europeos estarían en condiciones de vender acero y aluminio a los Estados Unidos.
Este acuerdo apunta a desmantelar la guerra de aranceles y por ende a superar la tensión comercial existente entre ambos. Asimismo, podría contribuir a mejorar el precio internacional de algunos commodities o mercaderías cuyos precios vienen cayendo desde que el presidente Trump declaró la guerra arancelaria a China. Uno de los productos más afectados por esa caída de precios es la soja, cultivo muy ligado a las exportaciones argentinas.
El presidente argentino asistió en la semana que pasó a la cumbre de los BRICS que se desarrolla en Sudáfrica. Fue invitado a esta reunión anual por ejercer la presidencia del G-20. Los BRICS son un grupo que nació allá por el 2.006 y reúne a las principales economías emergentes del mundo. Lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sus miembros representan el 23 por ciento de la producción global y el 42 de la población del mundo. Claramente una muy buena oportunidad para promover la venta de la producción argentina a ese bloque de países.
En el plano americano los crímenes políticos siguen lamentablemente en aumento en Méjico y Nicaragua, en tanto el régimen autoritario venezolano cruje producto del desmanejo en la gestión gubernamental que catapulta la inflación del país caribeño, a índices que se corresponden con los de un país en guerra. Esta hiperinflación agravó la tragedia que padecen los venezolanos, condenándolos a la falta transporte, de alimentos, medicinas, atención hospitalaria y por supuesto privados de los más mínimos derechos civiles. Como se ve un “paraíso revolucionario” al que muchos dirigentes políticos y sindicales argentinos aún consideran el modelo a seguir.
Por ahora no aparece por estas tierras una empresa de turismo, que organice tours hacia Venezuela para permitir a los militantes vernáculos ir a trabajar voluntariamente para ayudar al régimen. Será tal vez porque se da por hecho que no han de aparecer clientes para disfrutar de ese programa. Tampoco se escuchan respecto de la dictadura venezolana críticas por parte del Vaticano. Sobre todo teniendo en consideración la crisis humanitaria que allí se padece. Ni siquiera palabras de acompañamiento, caridad solidaria y esperanza hacia los habitantes de la isla por parte del Papa Francisco. Un silencio que hace mucho ruido. Después del papelón de su visita a Chile y el pedido que efectuara por estos días el primer ministro australiano, para que destituya al arzobispo de Adelaida monseñor Philip Wilson, condenado a un año de cárcel, parecen impedir el desarrollo de su actividad pastoral. La prisión obedece a que el señalado arzobispo, protegió con el secreto los abusos sexuales sobre menores cometidos por un sacerdote a sus órdenes.
Algunos de sus operadores en la Argentina tampoco realizan crítica alguna sobre la situación que carcome a los venezolanos. Si opinan sobre la “tragedia” que representa el acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional o sobre la vuelta de la “represión militar” por el decreto presidencial, que restablece plenamente la Ley de Defensa Nacional consensuada en su momento por representantes políticos responsables. Recordemos que esa ley fue distorsionada por un decreto del kirchnerismo-cristinismo que impulsó en su momento la hoy diputada nacional Nilda Garré. No hay dudas Julio Bárbaro, pensador peronista, Juan Grabois conductor de un movimiento piquetero que recibe cuantiosas sumas de dinero del Ministerio Nacional de Acción Social y abogado del “filósofo popular” Luis D’Elia y Gustavo Vera tienen una memoria notoriamente selectiva, cuestión ésta sobre la que volveremos oportunamente.
A 26 años del atentado contra la embajada de Israel y 24 años después del atentado contra la AMIA la justicia argentina continua sin avances significativos en ambas causas. Las causas muestran puntos en común. En las dos aparecen involucrados dos ex–presidentes elegidos democráticamente. Se trata de Carlos Saúl Menem y de Cristina Fernández de Kirchner. En ambos ataques terroristas quedó claro que se trataron de atentados contra la sociedad argentina toda. El caso de la mutual judía tuvo asimismo derivaciones que no vacilo en calificar de siniestras. Uno de ellas lo constituyó el denominado “acuerdo con Irán” que involucra entre otros al ex-ministro Héctor Timerman y a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para simplificar, este acuerdo establecía que todo lo concerniente al atentado a la AMIA debía investigarse y someterse a juicio en Irán, país cuyos funcionarios están sospechados y algunos imputados por la comisión del ataque terrorista. Sobre algunos de ellos pesan capturas internacionales. Esperemos que la justicia argentina se ponga las pilas y concrete alguna de estas detenciones. La otra derivación tiene que ver con el homicidio del fiscal federal Alberto Nisman.
En los primeros días de junio del corriente año la Cámara Federal con la firma de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia sostuvo que el fiscal fue asesinado y pidió que se investigara la relación de su muerte con la denuncia que había presentado días antes contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner. Este pronunciamiento ratifica el fallo de primera instancia del juez federal Julián Ercolini, primer magistrado que dio por probado el homicidio.
De un tiempo a esta parte se suceden hechos delictivos en el sur de nuestro país. Los mismos se registran generalmente en las provincias de Río Negro y Chubut. Colgados de algunos reclamos de la comunidad mapuche que habita en la zona, aparecen dos grupos no muy numerosos, denominados Resistencia Cushamen y Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Entre los fundadores de los dos grupos se encuentra un presunto terrorista Facundo Jones Huala, requerido por la justicia penal chilena cuya extradición fuera solicitada por los tribunales trasandinos. Ambos grupos resultaron involucrados en el lamentable episodio que protagonizara el artesano Santiago Maldonado y con posterioridad Rafael Nahuel. Más de 50 peritos dictaminaron en la causa judicial y coincidieron en que Maldonado falleció ahogado ya que habría caído al río y no sabía nadar. El fallecimiento de Nahuel tuvo que ver con un operativo de la Prefectura Naval Argentina.
Sobre Maldonado se presentó antes de ayer una película, que según los realizadores, tiene que ver con la desaparición y muerte del joven. La dirección estuvo a cargo de Tristán Bauer, ex-funcionario durante la gestión kirchnerista-cristinista y los productores fueron Jorge Devoto y Osvaldo Papaleo. El guión fue escrito por Omar Quiroga y Florencia Kirchner. La investigación periodística estuvo a cargo de Juan Alonso y la voz de Darío Grandinetti.
La muerte de cualquier joven es un hecho trágico para la sociedad. Pero los hechos mostraron en la investigación que su deceso se produjo porque se ahogó. La película desarrolla el relato, a partir del intento de reconstruir los hechos y desarmar la versión judicial. Más material para alimentar la grieta.
Volviendo a la justicia argentina, se hace muy difícil de entender para el ciudadano común que en el día de ayer un juez le haya concedido a Jones Huala, el beneficio de la prisión domiciliaria. Algunos dirigentes originalmente dedicados a defender los derechos humanos, y luego cooptados por dirigentes dedicados a cuestiones que tienen que ver con los dineros públicos, desarrollaron una perversa teoría. Esta teoría consiste en igualar orden, jerarquía y recuperación de espacios públicos con la represión que ejerciera la dictadura militar que gobernó del 76 al 83. Nada que ver con la realidad que impera en el mundo. Y si algunos interesadamente no lo entienden, podríamos organizar algún tour no ya de trabajo sino de ilustración colectiva a países como China o Rusia para comprobar cómo funcionan esos países.
Fernando Robles
Analista político y economista
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