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El ciudadano de a pie asiste al espectáculo que protagonizan los políticos, mientras sufre todos los días aumentos de costos superiores a la inflación.
Finalmente se concretó la renuncia, a partir del 31 de diciembre de 2017, de Gils Carbó a su cargo de procuradora general de la Nación. La jefa de los fiscales hoy con licencia, logró luego de la aceptación de su dimisión, trabar el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que el gobierno remitiera al Senado. El cajoneo del mencionado proyecto de ley tuvo que ver con la no aceptación de incluir un artículo que permitiera disolver las fiscalías especiales. Estas fiscalías creadas por encima de estructuras existentes se llenaron con fiscales militantes dispuestos a cumplir indicaciones políticas. Contó para ello con el apoyo de algunos legisladores peronistas, cristinistas, algunas organizaciones de derechos humanos y varios obispos de la Iglesia.
Estos hechos vinculados a la actuación de algunos fiscales nos recuerdan las declaraciones realizadas semanas atrás, en un programa televisivo difundido por el Canal América, del abogado Luis Moreno Ocampo restándole importancia a la firma del tratado firmado con Irán por la ex-Presidente. El ex-fiscal fue ayudante del fiscal que impulsó la condena a los militares que integraron las juntas de facto que gobernaron el país desde 1.976 hasta 1.983, el Dr. Julio César Strassera. Con posterioridad Moreno Ocampo logró profusa difusión mediática en la tarea de combatir la corrupción junto al ex–ministro de Economía Cavallo, para luego pasar a ocupar un cargo como fiscal del tribunal internacional penal con sede en La Haya, Holanda.
Días pasados luego de la agitada discusión sostenida en el mismo programa televisivo con el ex–agente de la Side Jaime Stiuso, Infobae publicó información que lo tiene como protagonista. Según esa fuente, “...una red europea de investigación reveló sospechosos movimientos de cifras millonarias mediante el armado de una sofisticada ingeniería financiera. Además, lo acusan de haber cobrado 3 millones de dólares por parte de un empresario a quien debía investigar”.
Asimismo, esa misma fuente informó que “...durante los nueve años que duró su mandato, Ocampo tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal. Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management. Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por EIC revelan quien estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Buligyn”. Esta información tiene que ver porque tiempo atrás, según algunas fuentes confiables, se mencionó a Moreno Ocampo como posible abogado defensor de la ex-Presidente.
En el marco en que ciertos sectores de la Justicia tratan de salir de un prolongado letargo en su accionar, aparecen en diversos medios de comunicación cartas de algunos ex-funcionarios encarcelados. Por cierto, estas misivas hacen recurrentemente alusión a la inocencia y a la persecución política a la que están siendo sometidos por la “dictadura macrista”. Estos intentos literarios tienen su complemento en apariciones mediáticas en medios gráficos, radiales y televisivos por parte de familiares de aquellos que están en prisión. Esas actuaciones refieren en todos los casos a la inocencia de los encartados. Asistimos así, al despliegue de una pretendida estrategia mediática en lugar de brindar a la Justicia y a la ciudadanía todas las explicaciones que les son requeridas respecto de lo actuado en la función pública.
En materia económica es dable señalar el crecimiento del consumo durante el pasado mes de octubre. El referido incremento rondó el 3 por ciento. Otros indicadores dan cuenta de un mejoramiento lento pero sostenido de buena parte de la actividad económica. Pero no todas son rosas en lo que se refiere a la economía y los negocios.
La inflación no baja, por lo que la meta que se planteó el Banco Central de llegar a un índice inflacionario cercano al 17 por ciento para 2017, se aleja mes a mes. Es así que con los aumentos en los servicios públicos y los combustibles líquidos a partir del 1º de diciembre, el índice para este mes podría trepar al 3 por ciento. Ello llevaría la inflación anual al 24 por ciento aproximadamente.
En este contexto el Banco Central continúa convalidando aumento tras aumento de la tasa de interés. Este incremento en la tasa de interés lleva al aumento del costo de los préstamos que el sistema financiero otorga a empresas y particulares. Sería deseable que la autoridad monetaria pusiera el ojo no sólo en la tasa de interés sino también sobre el sistema financiero en su conjunto. El Presidente Macri ha señalado que vivimos en permanente cambio y que en el marco de ese cambio y de los recientes acuerdos con los gobernadores, todos debemos ceder en algo para contribuir al mejoramiento del funcionamiento de la Nación.
Ahora bien, si hay un sector que desde la llegada de la democracia en 1983 hasta hoy no ha cedido nada en pos de contribuir al mejoramiento del conjunto, es el sistema financiero argentino. En especial los bancos no han dejado de ganar dinero, gracias a las altísimas comisiones y desproporcionadas tasas de interés al público que demanda préstamos. En la década del 90 se perdió intencionalmente el concepto de servicio público para las funciones que debe cumplir un banco. Los bancos que operan en la Argentina son ineficientes y operan cartelizados no ayudando a desarrollar las actividades emprendedoras y productivas. Al contrario, las desalientan.
Sólo basta recordar el comportamiento del sistema en la crisis del 2001, en la que gracias a la actuación del Banco Central no se les pagaron los depósitos a los ahorristas y la situación desembocó en el tristemente célebre “corralito” y “corralón”. Abonando lo señalado en el primer párrafo se estima, según el Banco Central, que en los primeros nueve meses del corriente año los bancos acumularon ganancias por 63.500 millones de pesos.
Otro sector sobre el que debería prestar atención el gobierno es sobre el supermercadismo. Los líderes de las principales cadenas viven pidiendo, desde que comenzó el Presidente Macri su gestión, más controles para el comercio ilegal, para la evasión impositiva y se quejan de la alta presión impositiva. No estaría mal, atento lo señalado, saber quién es y qué hizo desde que asumió hace ya dos años, el secretario de Comercio de la Nación. Ello, toda vez que estas cadenas son formadoras de precios, aunque sus responsables lo nieguen y a que desde que existe un INDEC creíble vienen remarcando precios mes a mes muy por encima del índice de precios al consumidor.
Fernando Robles
Analista político y economista
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