La ciudad autónoma de Buenos Aires sitiada por los movimientos sociales constituye una amenaza concreta no sólo para el gobierno actual sino también para el que asuma el próximo 10 de diciembre.
El conductor del narco estado venezolano Nicolás Maduro sostiene que aquel que califica a su gobierno de dictadura “es un estúpido”. Obviamente los casi 60 gobiernos democráticos de todo el mundo que consideran al régimen chavista – maderista una dictadura, no han siquiera tomado nota de uno más de los tantos desvaríos del siniestro personaje caribeño. Si consideran y muy seriamente los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En esos reportes se detallan con rigurosa profesionalidad los crímenes de todo tipo, penoso muestrario de las numerosas violaciones de los derechos humanos en ese país. Eso sí, Maduro y sus secuaces están empeñados en llevar adelante la realización de un censo nacional que entre otras cosas podría servir a la dirigencia cubano-venezolana para identificar los inmuebles desocupados. Muchos de los cuales fueron abandonados por los más de 3 millones de ciudadanos que huyeron de la isla.
Entre tanto le recordamos, entre otras cosas, a Maduro que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado miércoles expresó su “…grave preocupación por la prolongada permanencia en prisión de los comunicadores
Pedro Jaimes y
Jesús Medina en Venezuela en base a normas que criminalizan en forma arbitraria el ejercicio de la libertad de expresión, como lo ha establecido la CIDH en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”. Cabe agregar que los mencionados periodistas cumplen en estos días un año encarcelados sin ser sometidos a juicio.
Es inevitable entonces referirse a la libertad de expresión en nuestra querida Argentina. Hace casi una semana el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sostuvo, en la causa D`Alessio y respecto del periodista Daniel Santoro, que sus notas serían acciones psicológicas. Ramos Padilla, distinguido integrante de la agrupación kirchnerista-cristinista “Justicia Legítima” rechazó anular su orden, para que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presidida por Adolfo Pérez Esquivel investigue si las notas de Santoro constituyeron “operaciones de acción psicológica”. El pedido de anulación, no atendido por el juez, fue efectuado por la defensa de Santoro.
Ello originó un incidente en el que Mario Cifuentes, el ex-jefe de gabinete Aníbal Fernández, Gabriel Traficante, Gabriel Garcés, el ex-titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el abogado de Julio de Vido Maximiliano Rusconi pidieron rechazar lo solicitado por la defensa. De esta manera para Ramos Padilla que un organismo extrapoder autónomo, según califica Pérez Esquivel a la Comisión Provincial de la Memoria, audite notas periodísticas no constituye una violación a la libertad de expresión. Para pensarlo y reflexionar cuidadosamente estimado lector, ya que ello colisiona frontalmente contra lo establecido por la Constitución Nacional.
Una buena sobre la Justicia fue la condena que la titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Dra. Ana Dieta de Herrero dictó contra Lucas Carrasco. Lo condenó a nueve años de cárcel por haber violado a una joven. Sofía Otero denunció a Carrasco por forzarla a prácticas sexuales que ella rechazaba en medio de una relación consentida ocurrida en 2013. El pasado miércoles 18 la Magistrada dio a conocer los fundamentos de su sentencia. Carrasco fue un bloguero K y panelista de “6 7 8” y “Duro de domar”. Un individuo muy agresivo que se transformó en un fanático defensor del kirchnerismo-cristinismo y llegó a ser panelista luego de su “militancia digital” en las redes a través de un blog llamado “La República Unida de la Soja”.
Una noticia para nada buena de la Justicia viene de la mano de Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín. Esta integrante de “Justicia Legítima” la agrupación judicial kirchnerista-cristinista, dictaminó a favor de la restricción de los vuelos nocturnos en el aeropuerto del Palomar. La medida que entraría en vigencia a fines de setiembre afecta a los vuelos “low cost” que diversas compañías privadas de aviación operan desde la antigua base militar. El fundamento en el que se basa la medida es el “ruido” de los aviones que molesta a los vecinos, como si en ese predio hubieran funcionado con anterioridad jardines de infantes o complejos deportivos. Los vecinos a su vez han declarado más de una vez que “….ruido de verdad hacían los Fokker y los Hércules de la Fuerza Aérea”. Cabe señalar que los vecinos junto a empleados de las líneas aéreas se han movilizado en protesta contra esta medida judicial de claro corte político. Vecinos y empleados sostienen que la actividad aerocomercial ha dado un significativo impulso a la zona generando además genuinos puestos de trabajo. “Casualmente” el pasado jueves 19 un incendio afectó los sectores de pastizales que circundan el aeropuerto, obligando a que tres dotaciones de bomberos trabajaran para apagar las llamas.
Otro lamentable pronunciamiento de la justicia tiene que ver con los polémicos fundamentos del fallo que absolvió al ex-jefe del Ejército César Milani, por la represión ilegal en época de la dictadura militar en la provincia de La Rioja. El fallo dividido fue sostenido por el voto de los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, en tanto que el juez Enrique Lilljedahl se opuso a la absolución del militar. Los cargos que pesaban sobre el ex –jefe del Ejército de Cristina Kirchner eran allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Pedro y Ramón Olivera. Para esos dos jueces del Tribunal Oral riojano, el allanamiento y la detención sin orden judicial escrita de autoridad judicial competente de Olivera por el ejército fue un procedimiento legal. Vale la pena señalar que los organismos encargados de velar por los derechos humanos en nuestro país, cooptados por el kirchnerismo –cristinismo, no emitieron comentario alguno sobre este caso.
La semana pasada, en medio de la compleja y delicada situación económica-financiera argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó a Marcos Peña un partida adicional de 4 mil millones de pesos. Esta suma, en caso de ser aprobada por el Ejecutivo, será destinada a tres subas salariales en lo que resta del año. Si ello fuera así, la paritaria del Poder Judicial para el año tendría un aumento del 69%.
En el pasado mes de agosto se registraron 524 movilizaciones, cortes de calles, rutas y ocupación de espacios públicos, en todo el país, por parte de los denominados movimientos sociales. Esa cantidad resultó un 36% más que los acontecidos durante el mes de julio. En las últimas dos semanas dichas movidas se han multiplicado. El lema o la consigna que los mueve, es lograr la aprobación parlamentaria de la “emergencia alimentaria”. Esta cuestión exhibe un inocultable trasfondo político alentado por varios punteros motorizados por el Papa Francisco y el kirchnerismo –cristinismo. Los movimientos sociales reciben 200 mil planes mal llamados de “empleo” que usan para hacer politiquería y disputar poder. Los movimientos que integran el Frente de Todos reciben el 90% de esos planes. El resto se reparte entre decenas de grupos de izquierda. Se estima que sólo por estos planes erróneamente denominados de “empleo”, los punteros piqueteros manejan 1500 millones de pesos mensuales. Esta situación refleja varios disparates de gestión que no son otra cosa que un lamentable desmanejo. Estos planes han crecido exponencialmente desde el regreso de la democracia en 1983. ¿Está bien que el Estado regale plata a aquellos que están en situación de vulnerabilidad alimentaria? Sí está bien que el Estado lo haga. La cuestión pasa, a mi juicio, por la forma de hacerlo. Y aquí confluyen la perversidad del manejo político por parte de los unos y los otros. Me refiero concretamente a los 12 años de gestión kirchnerista –cristinista y a los tres años y medio de la gestión Cambiemos.
Es insólito que todavía hoy no se les haya exigido la lista de beneficiarios a los punteros piqueteros. De esta manera se debe realizar un padrón que incluya a todos los necesitados. Y a partir de ello, abrir una caja de ahorro en bancos oficiales a nombre de cada uno de ellos, para proceder mensualmente a la acreditación del subsidio. Paralelamente el Estado debería asignar trabajos a cumplir por cada uno de los beneficiarios. Hasta hoy y por inacción, falta de interés o incapacidad del Ministerio de Acción Social y la Jefatura de Gabinete los punteros piqueteros manejan discrecionalmente, los recursos que aportan todos los argentinos que trabajamos. Es decir, hacen política con parte de esos fondos y mantienen de rehenes al grueso de compatriotas que necesitan de esa ayuda estatal.
En una próxima columna he de ocuparme del lamentable desempeño de diputados y senadores respecto de la sanción del aumento de partidas destinadas a la emergencia alimentaria.
Fernando Robles
Analista político y economista
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