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La medida, que fue impulsada por la Gobernadora, quitará el 6 por ciento de la contribución en las tarifas de luz. También, habilitó a los municipios a cobrarle una tasa a las empresas prestatarias.
Durante la noche del jueves, la Legislatura bonaerense aprobó el segundo tramo de la reforma impositiva que permitirá eliminar diferentes cánones municipales para que los vecinos de las 135 comunas de la provincia puedan beneficiarse con la quita del 6 por ciento en las tarifas de electricidad, y un 4 en las de agua. Esta disposición había sido promovida por la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de una iniciativa con la que se busca reducir el valor de la energía eléctrica un 15,7 por ciento, el del gas un 6,3 y el del agua un 6,2.
La primera parte, a partir de la cual ya comenzaron a llegar importes menores a los usuarios, había sido sancionada seis semanas atrás, pero la eliminación de impuestos municipales contó con la resistencia de los intendentes, que acusaron el perjuicio de esta determinación en las arcas de cada uno de los distritos. Y si bien eso hizo que el tratamiento de la normativa se estancara, desde el Frente Renovador y el PJ lograron llegar a un acuerdo con el oficialismo para que quienes carguen con esos importes sean las prestadoras privadas.
La idea del proyecto promovido en un principio era disminuir a cero el porcentaje de la tarifa que queda en las tesorerías comunales pero de ahora en más, con las modificaciones que se introdujeron, se determinó que cada municipio “podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda". De todas maneras, a pesar de esto no podrán excederse del 6 por ciento que estaba establecido en la vieja ley y también tienen prohibido cobrar por servicios “no vinculantes” a la actividad.
Idéntica lógica se utilizó para las boletas de agua, por lo que cada una de las comunas podrá imponer al prestador –de acuerdo a lo establecido a nivel local- todo gravamen que sea pertinente, que en total no podrá superar el 4 por ciento de los ingresos brutos que el prestador recaude por la venta de servicios. En tanto, lo que tiene que ver con contribuciones especiales que correspondan por la prestación de un servicio que no esté vinculado a la actividad, quedará al margen del tope fijado previamente.
El proyecto, tras reanudarse las conversaciones entre los diputados de diferentes sectores y lograrse el acuerdo oficialista con una parte de la oposición, fue aprobado para luego girarse hacia la Cámara de Senadores, que en una votación con el mismo resultado, terminó por convertirlo en ley.
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