![]()
El director del área de Economía del IAE de la Universidad Austral, Eduardo Luis Fracchia, opinó sobre el fin de la Ley de Emergencia Económica tras 16 años de vigencia.
Haciendo referencia a la no renovación de la ley de Emergencia Económica, el director del área en esta materia del IAE Business School de la Universidad Austral, Eduardo Luis Fracchia, dio su punto de vista sobre las diferentes medidas que esta implicó durante 16 años.
“La ‘emergencia’ supuso delegar en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica. Se trata de una concepción del poder más afín con las políticas anteriores propias del kirchnerismo que con las actuales”, acusó.
En tanto, sostuvo que “según el art. 76 de la Constitución, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. El balance de potestades para la administración de los fondos tuvo momentos diferentes, pero con una nota distintiva en estos últimos años. A través de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno nacional siempre encontró atajos para disponer de fondos sin requerir el aval del Congreso. Es lo que algunos estudiosos del derecho y legisladores bautizaron como superpoderes”.
Por otra parte, indicó que “el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se eliminara esta ley. La emergencia económica empezaba a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecía por dos años de manera consecutiva. Con esta decisión el Gobierno puede dar un mensaje político claro y optimista hacia los inversores: Argentina ya no enfrenta ninguna situación de emergencia y no se necesitan facultades excepcionales para afrontar los problemas”.
Concluyendo: “Aquel cuadro crítico de finales de 2001 que inspiró el dictado de la ley a principios del siglo, fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los abogados públicos que defendieron al país de los reclamos indemnizatorios que realizaron los accionistas de las concesionarias de servicios públicos”.
“Ningún país en el mundo se gobierna con este tipo de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo. La decisión fortalece, en definitiva, la división de poderes y un sistema de balances y contrapesos que brinda señales de claridad en materia de políticas públicas. Se trata de una mejora institucional evidente y cuesta creer que se haya extendido tanto en el tiempo”, finaliza.
Dejar un comentario