La oposición convocó a sesión por la mañana, el oficialismo por la tarde. En ambos casos faltó un concejal para que pudiesen tratar los proyectos. Las diferencias de las medidas solicitadas.
Finalmente, las dos sesiones extraordinarias sobre la Emergencia Alimentaria propuestas para hoy, no llegaron a buen puerto: ni la convocada por la oposición que debería haber sido a las 9, ni la del oficialismo, pautada para las 15, tuvo quórum.
Así, tanto el oficialismo como la oposición tuvieron 12 ediles en las bancas al momento de sesionar, faltando en ambos casos un concejal para que pudiesen dar comienzo a la sesión y la emergencia, no ha logrado discutirse en lo local.
Ambos proyectos, si bien plateaban una misma necesidad, lo hicieron desde dos enfoques diferentes.
En el caso del proyecto oficialista no solo se planteaba que debido a la gran crisis que atraviesa el país en cuanto a lo económico era el deber del estado asegurar el alimento en las viviendas, sino que esas dificultades también llevaban a “redefinir el presupuesto” para “atender necesidades púbicas más urgentes, por lo cual deberá evaluarse el gasto público mediante decisiones de renegociación o recisión de contratos”.
Además, estipulaba que aquellas obras o prestaciones que no resulten “urgentes o imprescindibles deberán dejarse sin efecto” así como los “procedimientos de contratación iniciados”. Además, se proponían ampliar el acceso al programa de microcréditos.
De esta forma, la medida buscaba sancionar la “emergencia administrativa, económico y financiera del Estado Municipal por un período de 120 días corridos”, que podrían haber sido prorrogables otros 30 días a solicitud del Ejecutivo con justificación al Concejo.
La emergencia alimentaria que vive nuestro país y nuestro distrito es un tema serio, que no puede seguir esperando”
La “Emergencia alimentaria y social”, llevaría al Ejecutivo a “implementar nuevos elementos de gestión de asistencia social y fomento, o aplicar los ya existentes” para los sectores más vulnerables así como también implementar “toda aquella normativa de excepción que resulte aplicable para llevar a cabo contrataciones directas de bienes y servicios justificados en la necesidad de satisfacer demandas comunitarias urgentes, en especial para incrementar las compras de alimentos y materiales destinadas a los programas de asistencia alimentaria y de la vivienda que lleva adelante la Municipalidad, creando los canales para facilitar a las familias que así lo requieran el acceso a dichos bienes”.
En otro artículo, explicitaban que el Municipio haría “un estudio minucioso” de los contratos administrativos vigentes para que sean adecuados a la emergencia administrativa y financiera de la Comuna.
El proyecto del Frente de Todos
En el caso del espacio liderado por Federico Achával, se pedía declarar la “Emergencia Alimentaria por el término de 180 días” y poder prorrogar la misma “por un período similar” y detallaba que esta emergencia tenía como objetivo “garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria”.
Asimismo, establecían que la aplicación de la misma quedaría a cargo del área de Fortalecimiento Familiar Municipal, garantizando una “adecuada intervención de profesionales del trabajo social”.
Por otro lado, se pedía la creación de un “Consejo Local de Emergencia Alimentaria”, compuesto por tres representantes del Ejecutivo, tres concejales de la oposición y tres miembros de organizaciones comunitarias.
Este Consejo habría sido el encargado de controlar la ejecución de la emergencia, “bajo los criterios de equidad y universalidad, garantizando la asistencia”. Asimismo, proponían un registro de comedores y merenderos comunitarios para que también dichas entidades fuesen incluidas en la emergencia, aumentando la cantidad y calidad de los alimentos entregados.
Por último, planteaban la necesidad de aumentar las partidas del SAE.
Desde el Frente de Todos repudiaron la falta de quórum. “La emergencia alimentaria que vive nuestro país y nuestro distrito es un tema serio, que no puede seguir esperando”, lanzó Achával.
“El proyecto del Intendente propone seguir pasando por alto a los profesionales del área social para seguir haciendo clientelismo político con los fondos públicos”, dijo Santiago Laurent.
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