La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne este lunes para analizar la convocatoria a una huelga nacional en rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei. Aunque la definición formal se tomará en el encuentro del Consejo Directivo, en el sindicalismo ya se consolidó un amplio acuerdo interno para avanzar con una medida de fuerza que podría tener alto impacto en la actividad económica y el transporte.

Uno de los factores que reforzó la posibilidad de un paro es el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que agrupa a los choferes de colectivos. Dirigentes de la central obrera mantuvieron contactos durante el fin de semana con la conducción del sindicato para confirmar su postura y obtuvieron una respuesta favorable. La adhesión de los colectiveros es considerada clave, ya que permitiría paralizar el servicio en gran parte del país en caso de que la CGT confirme el cese de actividades.

La medida de fuerza podría coincidir con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto aprobado en el Senado, que introdujo modificaciones en diversos aspectos del régimen laboral. En ese contexto, la CGT decidió adelantar su reunión ante la posibilidad de que la iniciativa avance en el Congreso en los próximos días y frente a la presión de sectores sindicales que reclaman profundizar las acciones de protesta.

Entre los puntos más cuestionados por los gremios se encuentran cambios vinculados con indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y el derecho de huelga en servicios esenciales, además de un artículo referido a las licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Ese apartado establece que, durante la incapacidad para trabajar, el salario a percibir sería inferior al actual: se fijaría en el 50 por ciento de la remuneración y podría llegar al 75 por ciento en determinados casos. Para el oficialismo, la modificación busca reducir el ausentismo injustificado y la litigiosidad; para sindicatos y sectores de la oposición, implica un retroceso en derechos laborales.

La central obrera ya expresó su rechazo integral al proyecto y sostiene que vulnera principios constitucionales y normas internacionales que protegen el trabajo. Además, anticipó que analiza una eventual impugnación judicial si la reforma se sanciona sin cambios.

El clima de malestar se intensificó tras la aprobación en el Senado y llevó a la CGT a acelerar definiciones. Dirigentes sindicales afirman que existen condiciones para una huelga de alcance nacional con alto acatamiento. En paralelo, organizaciones del ala más combativa, agrupadas en el Frente de Sindicatos Unidos, también anunciaron protestas y un paro con movilización al Congreso el día en que la Cámara baja trate la iniciativa.

Desde el Gobierno, en tanto, defendieron el contenido del proyecto y señalaron que algunos cambios buscan corregir abusos en el sistema actual. Funcionarios oficialistas sostienen que la reforma apunta a modernizar las relaciones laborales y reducir la conflictividad judicial.