La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes convocar a un paro general en todo el país para la jornada en la que la Cámara de Diputados aborde el proyecto de reforma laboral. La decisión se tomó en una reunión virtual del triunvirato que conduce la central, que resolvió avanzar con la protesta sin movilización al Congreso y en coincidencia con el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Por el momento no existe una fecha confirmada para la sesión. En el oficialismo se evalúa acelerar el dictamen en comisiones y llevar el debate al recinto en los próximos días. En ese escenario, la huelga podría concretarse este mismo jueves. Sin embargo, si las negociaciones parlamentarias se extienden por las diferencias que aún persisten, especialmente en torno a modificaciones vinculadas a licencias por enfermedad, el tratamiento podría postergarse para la semana siguiente, con el miércoles 25 como alternativa.

La CGT contará con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo respaldo a la medida resultará clave para que no haya circulación de colectivos. Además, su apoyo ampliaría el impacto del paro en el transporte. A esto se agrega la postura de endurecimiento que expresaron otros sindicatos del sector, como La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que anticiparon su acompañamiento.

La protesta se desarrollará en paralelo al intento del Gobierno de Javier Milei de convertir en ley la reforma laboral. Pese a que durante el debate legislativo la central sindical logró preservar algunos aspectos sensibles para su estructura -como las cuotas solidarias y el esquema actual de aportes patronales a las obras sociales-, la conducción decidió avanzar con la huelga ante el malestar creciente de las bases.

Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 44, aprobado en el Senado, que introduce cambios en la forma de remunerar a trabajadores que, por enfermedad o accidente no laboral, queden temporalmente inhabilitados para desempeñar sus tareas. El texto plantea que en esos casos se perciba el 50 por ciento del salario, porcentaje que puede elevarse al 75 por ciento si la situación no fue provocada por una acción voluntaria ni por el conocimiento previo de un riesgo para la salud. De esta manera, se dejaría atrás el pago del 100 por ciento de la remuneración durante ese período, vigente hasta ahora. Sindicatos y sectores de la oposición advierten que la modificación implica un retroceso en derechos laborales.

La central obrera también argumenta que la medida responde al deterioro del poder adquisitivo y al impacto de la situación económica en los trabajadores. La presión interna de los gremios de base fue un factor determinante para avanzar con la convocatoria.

El antecedente más cercano se remonta al 10 de abril de 2025, cuando la CGT realizó el tercer paro general durante la actual gestión nacional. En aquella oportunidad, la UTA no se sumó debido a una conciliación obligatoria, lo que permitió la circulación de colectivos y redujo el alcance de la protesta. Esta vez, la conducción sindical busca que la adhesión del transporte sea total para incrementar la visibilidad y la eficacia de la medida.