Un nuevo aumento de la garrafa de gas desencadenó las críticas del defensor del pueblo, que expuso el problema que implica la suba, que ya acumula un 37 por ciento en el año, en diferentes sectores de la población.

Luego de que el Gobierno autorizara un nuevo aumento al precio de la garrafa social a partir del 1° de julio, desde Pilar se hizo escuchar el reclamo del defensor del pueblo, Juan Pablo Trovatelli, quien expuso: “Las medidas del Poder Ejecutivo respecto a las tarifas de los servicios públicos deben reconocer al Estado como garante de derechos y del acceso irrestricto de los usuarios a los servicios públicos, puesto que estos son un derecho y no un privilegio”.

A lo que agregó: “El tema tarifario es complejo como toda cuestión que roza o afecta intereses, pero la atención del problema por parte del Estado aún está pendiente”. Y “también se encuentran ausentes la prudencia, la sensibilidad y el sentido común en las decisiones tomadas por los poderes políticos, virtudes necesarias para lograr una sociedad plena y alejada del desamparo en el que buena parte de ella se encuentra”, dijo.

El tema tarifario es complejo como toda cuestión que roza o afecta intereses”

Con esta nueva suba, el precio de la garrafa de 10 kilos escala hasta los 330 pesos aproximadamente, lo que implica que en lo que va de 2019, ya ha aumentado más de un 37 por ciento.

En este marco, el ombudsman pilarense indicó que se trata de “una preocupación más que se suma al cúmulo que tienen los vecinos producto del aumento de los distintos servicios y tarifas. Remarcando que tiene que ver con el segundo aumento que se da en el año y un acumulado del 37 por ciento en el último tiempo”.

Asimismo, manifestó que este tipo de medidas provoca que “sectores de menores recursos o quienes no están conectados a la red de gas por falta de disponibilidad de la misma o falta de recurso para conectarse y tienen que recurrir a la compra de garrafas, se encuentran con una situación donde cada vez es más dificultoso tener acceso a ellas producto de los permanentes aumentos”.

Se encuentran ausentes la prudencia, la sensibilidad y el sentido común en las decisiones tomadas”

Trovatelli también destacó que se trata de un problema que “se viene visibilizando desde hace tiempo”, y que además de lo que tiene que ver con el valor, también presenta otras dificultades, como que “son pocos los lugares de venta. Hay un monopolio, porque por ejemplo en Pilar se puede conseguir la garrafa social sólo en uno o dos puntos y es poco teniendo en cuenta la extensión territorial”.

Por otra parte, volvió a poner énfasis en que “la Constitución prevé que los servicios públicos son en términos generales un derecho y no un privilegio, por lo que estos deben ser asegurados por el Estado. Desde la Defensoría del Pueblo siempre hemos recalcado esto”. Y que es “el Poder Ejecutivo el que debe garantizar la accesibilidad a los servicios públicos para toda la población. Eso es lo que no viene sucediendo, porque se ve la restricción a ese acceso que muchos sectores vienen sufriendo a causa de los aumentos”.

Finalmente, el defensor invitó a los vecinos que sufran este tipo de problemas a acercarse a la Defensoría del Pueblo, desde donde buscarán procurar que no se realicen más aumentos en torno a este servicio, y también se va a plantear la preocupación por los puntos de venta.

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