Esta semana se dio a conocer la cifra de 4.300 hectáreas usurpadas en la provincia de Buenos Aires, y los datos aseguran que desde el mes de junio las autoridades han debido interceder para la recuperación de 315 terrenos.
Se trata de una problemática que está en auge y a la cual Pilar no le escapa, ya que el distrito se encuentra entre los municipios con mayor cantidad de tomas, acompañado por ejemplo, por La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín y San Fernando.
En ese sentido, esta semana el gobernador bonaerense Axel Kicillof, encabezó una reunión con intendentes en cuyos distritos se registran tomas de tierras y afirmó que “las usurpaciones no sólo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas”, y adelantó que se conformará una mesa de trabajo para adoptar medidas de coyuntura y estructurales.
“Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero éste no se soluciona con intrusiones ilegales”, indicó el mandatario de la Provincia. Y agregó que “el Ministerio de Seguridad, al mando de Sergio Berni, viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Pero además es necesario que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.
En tanto, el Gobernador afirmó que “para enfrentar el déficit habitacional, Nación, Provincia y municipios disponen y están reforzando diferentes planes de vivienda, de urbanización de barrios populares y de acceso al suelo”.
Por otra parte, el propio ministro Berni enfatizó que “es un delito que está organizado. Detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”; y apuntó contra referentes de movimientos sociales, agregando además la consigna de “tolerancia cero” ante estos hechos.
Y en ese marco, desde Pilar, fue la subsecretaria de Economía Social, Valeria Domínguez, quien se hizo eco de la cuestión, apoyando la postura de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), destacando: “Repudiamos todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social como es el déficit habitacional producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión”.
Asimismo, apuntó contra “las acusaciones insólitas del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, contra los referentes sociales Emilio Pérsico y Fernando ´Chino´ Navarro son intolerables. Las organizaciones que integramos la UTEP venimos planteando hace muchos años la necesidad de combatir la crisis habitacional con políticas de integración y acceso a la vivienda”.
“La represión y la inacción no pueden ser la respuesta. Es imprescindible que se avance con las políticas públicas de integración urbana, y lotes con servicios de manera urgente”, cerró.
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