Hace un año que están ahí. Un año mirando una fábrica que alguna vez fue su lugar de trabajo y que hoy permanece cerrada. Un año viendo pasar autos y camiones frente a las instalaciones. Un año esperando que alguien les diga cuándo van a cobrar. Un año intentando explicar que no están en la calle porque no quieren trabajar, sino porque perdieron aquello que durante décadas les permitió sostener a sus familias.

El acampe de los trabajadores de ILVA se convirtió en una postal permanente del Parque Industrial de Pilar. Pero detrás de las carpas hay mucho más que un reclamo laboral: hay familias que tuvieron que cambiar su forma de vivir, trabajadores que quedaron fuera del mercado laboral y personas que, después de décadas de aportar su esfuerzo, aseguran no haber recibido todavía un peso de lo que les corresponde.

Marcelo Barrionuevo trabajó 23 años en ILVA. Entró a los 22 y se fue a los 46. "Son muchos años de antigüedad", resume. Hoy permanece en el acampe y asegura que la situación sigue prácticamente igual: "Hace un año que estamos, no recibimos un peso".

Mientras los trabajadores permanecen afuera, dentro de la planta comenzó a moverse nuevamente la mercadería. Según contó Barrionuevo, el juez a cargo del Juzgado Comercial N° 12 autorizó el ingreso de directivos y propietarios y el retiro de productos para su venta. Los trabajadores observan salir los camiones, pero aseguran que ese movimiento no se refleja en sus cuentas.

La espera tiene consecuencias concretas. Barrionuevo contó que tiene siete hijos y que, tras perder su empleo, debió recurrir a changas y al apoyo de sus hijos mayores. También relató las dificultades de sus compañeros, algunos de ellos con más de 50 años y con familias que dependían de la obra social de ILVA.

"Nos tiraron a la calle", sostiene. Y la frase no es solamente una metáfora. Durante este año hubo trabajadores que no pudieron afrontar alquileres, cuentas y gastos básicos. Hubo familias que llegaron al acampe para comer porque en sus casas no había comida. Hubo compañeros que necesitaron la ayuda de otros trabajadores, sindicatos, organizaciones y vecinos para poder seguir adelante.

Barrionuevo también carga con el peso de intentar conseguir un nuevo empleo. A sus 46 años tuvo cinco entrevistas laborales. En todas, asegura, su experiencia fue reconocida, pero la edad terminó convirtiéndose en un obstáculo. "No es que nosotros no queremos trabajar, es que por nuestra edad prefieren no tomarnos", insiste.

El conflicto también dejó heridas profundas. Barrionuevo recordó a un compañero, Javier López, que decidió quitarse la vida ante la situación que estaban pasando. Para quienes continúan en el acampe, su historia quedó como una de las expresiones más dolorosas de un conflicto que, aseguran, no puede medirse solamente en números o expedientes judiciales.

Porque detrás de las 300 familias hay personas, hijos, alquileres, cuentas, tratamientos, proyectos y vidas que quedaron en suspenso.

El Ministerio de Trabajo, según Barrionuevo, acompañó a los trabajadores hasta que el conflicto pasó al ámbito judicial. Desde entonces, aseguran que no hubo avances significativos.

Un año después, siguen ahí. No porque no quieran trabajar. No porque hayan elegido vivir en una carpa. No porque hayan renunciado a sus vidas. Siguen ahí porque sienten que, después de haber entregado décadas de trabajo, todavía les falta cobrar una deuda que consideran elemental.

"Lo único que pedimos es que nos respeten", dice Barrionuevo. Y frente a la fábrica cerrada, esa frase resume un año entero de espera.

Felipe Zeballos