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El conflicto entre los trabajadores de ILVA y la conducción de la empresa de porcelanatos con planta en el Parque Industrial de Pilar volvió a escalar este lunes, cuando un grupo de empleados despedidos se manifestó frente al country Lagoon, en Villa Rosa, donde vive el CEO de la compañía, Alejandro Renghini. La medida se suma a una serie de protestas que los trabajadores vienen realizando desde fines de agosto, en reclamo por los 300 despidos dispuestos por la firma y el pago incompleto de las indemnizaciones.
La movilización en Villa Rosa se desarrolló durante la tarde y fue una de las tantas acciones que los empleados implementaron en las últimas semanas para visibilizar el conflicto. Según explicaron los delegados, los despidos se concretaron invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir al 50 por ciento las indemnizaciones cuando una empresa alega “crisis económica”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que ILVA continúa operando parcialmente, lo que a su entender demuestra que el cierre no responde a una situación real de fuerza mayor sino a una maniobra empresarial para abaratar costos.
El reclamo del lunes se suma a las manifestaciones realizadas días atrás frente a los domicilios de Franco Bocci, presidente de ILVA, y de Patricio Colombo Mosetti, accionista y representante de la empresa ante las cámaras empresariales. El primero fue escrachado en su vivienda del barrio cerrado El Encuentro, en Benavídez, mientras que el segundo fue señalado en el country Pilar Privado, en La Lonja. Ambos fueron apuntados por los trabajadores como responsables directos de los despidos y del uso del artículo 247.
El conflicto tiene como trasfondo los 300 despidos aplicados a fines de agosto y el incumplimiento del pago de la última quincena, lo que derivó en una batería de medidas que incluyen acampe, marchas y escraches. Desde entonces, los trabajadores sostienen un acampe frente a la fábrica dentro del Parque Industrial, que se mantiene activo desde hace más de 40 días.
Durante estas semanas, también llevaron su reclamo al microcentro porteño, donde se manifestaron frente a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) para exponer públicamente su situación. Allí denunciaron la falta de respuesta de los empresarios y reclamaron la intervención del Estado nacional y provincial para garantizar el pago de las indemnizaciones completas.
La presencia de los trabajadores en la vía pública se convirtió en un símbolo del conflicto laboral que atraviesa la región. Su persistencia en las calles, a pesar de las dificultades económicas y del tiempo transcurrido, refleja el grado de descontento y el impacto que los despidos generaron entre las familias afectadas.
En ese marco, el mes pasado también protagonizaron un reclamo frente al Banco Provincia del Parque Industrial de Pilar, durante el acto de inauguración encabezado por el intendente Federico Achával y el gobernador Axel Kicillof. Ante la presencia de los manifestantes, ambos dirigentes se acercaron a dialogar con los trabajadores.
El delegado Marcelo Barrionuevo, uno de los referentes del conflicto, sostuvo que el ánimo de los empleados sigue firme pese al desgaste de las semanas de protesta. Afirmó que los trabajadores “no van a abandonar las calles hasta obtener una respuesta concreta” y remarcó que la empresa “no puede seguir actuando con impunidad mientras 300 familias quedaron sin ingresos”.
Según explicó Barrionuevo, la compañía no participó de nuevas negociaciones desde que finalizó la conciliación obligatoria. “Nos dejaron sin trabajo y sin diálogo. Si no nos quieren más, que nos paguen lo que corresponde”, reclamó. Mientras tanto, organizan actividades solidarias, ollas populares y festivales para sostener el acampe y acompañar a las familias afectadas.
El conflicto de ILVA ya se transformó en uno de los casos más representativos de la tensión laboral en el sector industrial bonaerense. Lo que comenzó como un reclamo salarial terminó convirtiéndose en una disputa por el cumplimiento de derechos básicos. En el corazón del Parque Industrial de Pilar, la lucha de los despedidos sigue visible, con una certeza que repiten entre banderas y carteles: no se irán hasta que la empresa dé la cara y cumpla con la ley.
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