Recortes de Nación frenaron siete obras y dejaron a 300 vecinos sin trabajo

El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, manifestó sus intenciones de recortar gastos de todo tipo, paralizando la obra pública desde el primer día de la gestión o buscando disolver mecanismos como los fondos fiduciarios.

En ese marco, uno de los últimos apuntados por el mandatario fue el Fondo de Infraestructura Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo es llevar a cabo obras en lugares postergados donde las personas viven en condiciones de vulnerabilidad, particularmente, los puntos que se encuentran dentro del Registro de Barrios Populares.

Este fondo se financia con dinero que proviene del Impuesto País y el gravamen a las Grandes Fortunas, y durante el gobierno de Alberto Fernández se encontraba bajo el control de la exsecretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, dirigente social ligada a Juan Grabois.

Durante los últimos días, la actual administración nacional se refirió al FISU como una “caja política”, acusando que no tenía controles e incluso planteando que era un ámbito de “corrupción”.

Más allá de que no se han dado a conocer pruebas para fundamentar esto y avanzar en una denuncia de otro tipo, lo cierto es que el fondo se paralizó y esa decisión impacta en todas partes del país, incluyendo a Pilar.

En 2023 el distrito llegó a tener 10 obras en marcha en diferentes localidades, de la cuales algunas pudieron concluirse. No obstante, aún restaba completar siete de esos trabajos, los cuales se detuvieron ante el nuevo panorama.

Como si fuera poco, el programa era el responsable de dar trabajo a cooperativas pilarenses, y este freno implica que unos 300 vecinos se quedaron sin empleo, en condiciones donde les resulta difícil conseguir otro.

“Hay un trabajo social, más allá de la obra en sí. Nosotros trabajamos mucho con cooperativas formadas por personas, hombres y mujeres, que estuvieron detenidas. Estamos dejando muchos compañeros sin trabajo y sin la posibilidad de acceder a un trabajo”, explicó al respecto de esas dificultades el concejal y referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Manuel Cáceres.

Por otra parte, el edil, a través de una entrevista radial con FM Estudio 2, también se refirió a la integridad del fondo: “Uno lo mira como una política virtuosa donde sectores que ganan mucho en la Argentina hacen un aporte que en términos relativos es chico, pero que en términos concretos permite un montón de cosas, como urbanizar barrios que tienen su situación muy precaria”.

En el caso de Pilar, las obras propuestas para financiar con el FISU van desde la ampliación de redes de agua, alumbrado público y redes eléctricas domiciliarias, hasta la construcción de veredas, rampas de accesibilidad y colocación de contenedores comunitarios.

“No es la caja negra de nadie. No es el beneficio de ningún referente político, sino que son realidades que cambian el barrio. Esperemos que puedan recapacitar”, cerró Cáceres, dejando en claro que, si eso no ocurre, el sector seguirá luchando para conseguirlo.