El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras reavivó el debate sobre la propiedad de los inmuebles argentinos y puso el foco en las zonas consideradas estratégicas. En ese contexto, Pilar aparece con un nivel de extranjerización inferior al límite establecido por la normativa vigente, aunque muy cerca de dos distritos que concentran algunos de los porcentajes más altos del país: Campana y Zárate.

De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, en Pilar existen 18.926,84 hectáreas privadas, de las cuales 1.742,14 están en manos de propietarios extranjeros. Esto representa el 9% del total, un porcentaje que se encuentra por debajo del tope del 15% fijado por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La situación cambia de manera significativa en la región. Campana figura entre los departamentos y municipios con mayor nivel de extranjerización del país: el 50,3% de sus tierras pertenece a capitales extranjeros, más de tres veces el límite establecido por la legislación vigente. Esa condición responde, en gran medida, a la presencia de actividades industriales, forestales y portuarias vinculadas al corredor del río Paraná.

Zárate, por su parte, integra junto con Campana uno de los corredores estratégicos más importantes de la Argentina. Allí se concentran la Vía Navegable Troncal del Paraná, complejos portuarios, infraestructura industrial y las centrales nucleares Atucha I y II, elementos que distintos especialistas consideran de alto valor geopolítico y económico.

La reforma impulsada por el presidente Javier Milei propone elevar del 15 al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos extranjeras. Además, elimina las restricciones por nacionalidad y por cantidad máxima de hectáreas por propietario, y habilita la compra de tierras con recursos hídricos o ubicadas en zonas de frontera, siempre que exista autorización de las autoridades correspondientes. También flexibiliza los mecanismos de control sobre la titularidad de esos inmuebles.

El Gobierno sostiene que los cambios permitirán atraer nuevas inversiones productivas y eliminar trabas que, según su interpretación, desalientan el desarrollo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó la ley vigente como un obstáculo para la inversión y defendió la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica a quienes busquen desarrollar proyectos en el país.

Sin embargo, la iniciativa encontró fuertes cuestionamientos por parte de especialistas, legisladores y referentes académicos. Desde el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que la presión para modificar la normativa se concentra sobre territorios con recursos estratégicos como agua dulce, minerales, vías navegables, puertos e infraestructura energética.

En ese sentido, remarcaron que el problema no radica en el porcentaje nacional de tierras extranjerizadas -que ronda el 5% del territorio continental argentino, equivalente a unos 13,2 millones de hectáreas- sino en la concentración de esa propiedad en zonas consideradas clave para el desarrollo económico y la soberanía.

El corredor del Paraná es uno de los ejemplos más mencionados. Desde Santa Fe hasta el norte bonaerense, la presencia de puertos, terminales industriales y centrales energéticas convierte a municipios como Zárate y Campana en áreas especialmente sensibles dentro de la discusión parlamentaria.

Para Pilar, los datos muestran una realidad diferente. Aunque el distrito registra presencia de capitales extranjeros en el mercado de tierras privadas, el porcentaje permanece por debajo del límite legal vigente. No obstante, su cercanía con dos de los principales polos industriales y logísticos del país hace que el debate sobre la reforma también despierte interés en la región.

El proyecto ya obtuvo dictamen en el Senado, aunque su tratamiento fue postergado en varias oportunidades por falta de consenso. En los próximos días volverá a discutirse en el Congreso, en una sesión que promete un fuerte debate entre quienes consideran que la flexibilización atraerá inversiones y quienes sostienen que podría profundizar la concentración de tierras en áreas estratégicas para la Argentina.