Preocupa a la Defensoría del Pueblo la desregulación del precio de la garrafa de gas

La semana pasada el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, eliminó los precios máximos en las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que significa que desde ese momento son las empresas las que definirán libremente los costos de los envases para los millones de personas que en Argentina consumen este combustible.

En Pilar, de acuerdo con los datos del CENSO realizado el pasado 18 de mayo del 2022 que fueron divulgados en noviembre del 2023, unos 72.123 hogares utilizan la garrafa de gas, por lo que esta decisión perjudica ampliamente a los pilarenses.

Desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que integra nuestro distrito, expresaron a través de un comunicado “su preocupación respecto a la Resolución 216/2024, que desregula el mercado de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

“Según los informes del INDEC y estudios recientes de la Universidad Torcuato Di Tella, los niveles de pobreza e indigencia han alcanzado niveles críticos. En el primer semestre de 2024, alrededor del 50,5 por ciento de la población urbana se encuentra en situación de pobreza, reflejando la precariedad económica de millones de argentinos”, expusieron desde la entidad de la que forma parte la Defensoría del Pueblo de Pilar, comandada por Adrián Maciel.

Asimismo, plantearon que adicionalmente “los pronósticos meteorológicos advierten sobre un invierno con temperaturas extremadamente bajas, posiblemente el segundo más frío en los últimos 60 años”.

“En este contexto, la desregulación de los precios del GLP podría agravar significativamente las dificultades de acceso a las garrafas, un recurso crucial para la calefacción en muchas regiones. Dado que este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas, solicitamos encarecidamente que se declare a la garrafa como un servicio público esencial”, solicitaron.

Según indicaron desde la entidad, esta declaración “permitiría asegurar un acceso equitativo y accesible a este recurso esencial durante el invierno, protegiendo a los sectores más vulnerables de las consecuencias adversas de las bajas temperaturas”.

Asimismo, ADPRA solicitó “la reconsideración de la Resolución 216/2024, abogando por una desregulación gradual y acompañada de medidas que contemplen la situación económica actual y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

“La Asociación está convencida de que estas medidas contribuirán a proteger los derechos de los usuarios y a garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos”, concluyeron.