Pilar adhirió al pronunciamiento de las Defensorías del Pueblo sobre la Ley de Financiamiento Universitario

La Defensoría del Pueblo de Pilar expresó su adhesión al comunicado emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

En dicha notificación, ADPRA manifestó su “profunda preocupación ante la posibilidad de que se vete la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario”, la cual es considerada una “herramienta clave” para recomponer el presupuesto de las universidades nacionales en un contexto de emergencia.

La ley, que fue aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, apunta a que se actualicen los recursos universitarios en función de la inflación acumulada y su distribución equitativa, y de esta forma garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones y el derecho a una educación superior de calidad.

Este conflicto aún no termina, y desde ADPRA creen que el presidente Javier Milei vetará la Ley de Financiamiento Universitario después de la marcha organizada por la comunidad educativa y sectores políticos y gremiales para el próximo 2 de octubre.

Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo de Pilar compartió el comunicado de ADPRA, que señala: “La Ley de Financiamiento Universitario no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales”.

El motivo que impulsó esta ley es el recorte presupuestario que realizó el gobierno nacional a las universidades públicas en los últimos meses. Entre enero y junio de 2024, las transferencias a las universidades cayeron un 32,8 por ciento en comparación con 2023.

En reclamo a este inconveniente, la oposición realizó una marcha universitaria en protesta al ajuste del gobierno de Javier Milei.

Algunos de los efectos de estos recortes incluyen salarios de los docentes y no docentes, perdiendo así un 45 por ciento de su capacidad de compra en junio de este año. Por su lado, la UBA se había declarado en emergencia presupuestaria el 10 de abril, pero la terminó suspendiendo el 15 de mayo.