El expediente que investiga el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa de Pablo Atchabahian pidiera formalmente que se deje sin efecto su arresto domiciliario. El médico, oriundo de Pilar y primer detenido en el caso, permanece en Mendoza desde mediados de noviembre, cuando finalmente fue ubicado tras varias semanas en las que, según la acusación, no había sido hallado por la Justicia.

La solicitud fue presentada este jueves durante una audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Allí, el abogado del imputado, Mariano Fragueiro Frías, argumentó que la medida restrictiva carece de fundamentos actuales porque, a su criterio, ya no existen peligros procesales que ameriten mantenerlo bajo vigilancia domiciliaria.

El letrado apuntó que Atchabahian "jamás intentó fugarse" y que su intención, lejos de entorpecer la causa, sería incluso declarar en los próximos días. Su defensa dejó trascender que el exfuncionario está dispuesto a brindar explicaciones y dar su versión sobre los hechos que lo involucran. No obstante, remarcó que no contemplan acogerse a la figura del arrepentido, descartando la posibilidad de un acuerdo de colaboración.

La postura del fiscal José Luis Agüero Iturbe fue diametralmente opuesta. Durante la audiencia solicitó confirmar la resolución del juez Sebastián Casanello, quien había dictado la prisión domiciliaria por considerar que el riesgo de fuga y la posibilidad de interferir en la investigación continuaban vigentes. Para el representante del Ministerio Público, las circunstancias no variaron y aún existen elementos que justifican mantener la medida.

El caso que envuelve a Atchabahian es uno de los más sensibles dentro de la causa que indaga en presuntas maniobras ilícitas en la compra de medicamentos para beneficiarios de la ANDIS. Según los investigadores, el médico habría tenido un rol clave como articulador entre laboratorios privados y funcionarios del organismo, actuando como un enlace que facilitaba gestiones irregulares.

La trayectoria del médico ayuda a comprender su posición dentro de la estructura estatal. Especialista en urología, inició su carrera en la función pública como secretario de Salud de Pilar en 2011. Tras ese paso, a fines de 2015 asumió como subsecretario de Administración y Gestión de los Recursos de la Provincia de Buenos Aires. Más tarde, en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, ingresó a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde ocupó la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud.

Aunque actualmente no posee un cargo formal, los investigadores sostienen que tanto él como Miguel Ángel Calvete ejercían influencia interna en la ANDIS. De acuerdo con la investigación periodística de Hugo Alconada Mon, ambos habrían participado en decisiones estratégicas vinculadas a la adquisición de medicamentos, incluyendo contactos con laboratorios y presuntos retornos relacionados con esas operaciones.

Dentro de esta red también se menciona a Luciana Ferrari, señalada como persona de confianza de Atchabahian y empleada del laboratorio Roche. La mujer contaba con acceso al sistema informático de la ANDIS pese a no formar parte oficialmente del organismo, un dato que la Justicia considera relevante y por el cual fue convocada a indagatoria.

Los laboratorios mencionados en la causa, Génesis, New Farma, Profarma y Floresta, aparecen en los audios que dieron origen al escándalo y que apuntan a la existencia de un circuito de sobornos a cambio de favorecer determinadas compras por parte del Estado nacional.