Peaje Larena: la Defensoría del Pueblo pide mantener la exención para los vecinos

El Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, solicitó a Vialidad Nacional que exima del pago del peaje a los frentistas de la zona, rechazando el nuevo esquema de la firma VIAL 8 que exige abonar dos pases diarios.

El conflicto en la Ruta Nacional 8 volvió a ponerse en el centro de la escena tras el traspaso del corredor a la empresa VIAL 8. Ante los cambios implementados en la estación del Peaje Larena, ubicada en la localidad de Fátima, el Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, formalizó la Actuación N° 00331-2026 ante la Dirección Nacional de Vialidad para exigir la restitución de la eximición total del pago de la tarifa a los residentes de las zonas linderas.

El reclamo responde a la decisión de la empresa operadora de aplicar un esquema tarifario diferenciado que obliga a los frentistas a abonar dos pases diarios. Aunque la concesionaria presentó la medida como una tarifa preferencial con bonificación para los cruces subsiguientes, desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que dicho esquema desnaturaliza el beneficio de gratuidad del que venían gozando los vecinos de los barrios El Jagüel, San Carlos, Los Quinchos, Arroyo Larena, Parque Sakura y zonas adyacentes de Pilar y Exaltación de la Cruz.

"Tomamos conocimiento de que la empresa dispuso dos pases pagos por vehículo por día y el resto sin cargo, pero esto, pese a que fue presentado como un beneficio, sigue teniendo un costo alto para el vecino que debe pasar por el peaje todos los días para cumplir con sus obligaciones cotidianas", enfatizó el ombudsman. En tal sentido, ratificó la demanda central: "Buscamos que los vecinos directamente sean eximidos del pago, como venía ocurriendo hasta ahora".

Para la Defensoría, la exención tarifaria constituye una compensación indispensable y un derecho adquirido ante una falla del Estado. La falta de construcción de las vías colectoras proyectadas desde hace casi dos décadas en la Autopista Pilar-Pergamino priva a la población de un trazado alternativo gratuito. Por ello, según evalúa Maciel, obligar a los frentistas a pagar para trasladarse por su propia zona cercena la libre circulación e impone una carga injusta.

El análisis de la Defensoría pone de relieve la gravedad del perjuicio económico. Con la actualización de valores, el peaje para vehículos de Categoría 1 con TelePASE se fijó en $1.834,95. Exigir el pago de dos pasadas implica para cada familia un costo de $3.669,90 por jornada, lo que equivale a un gasto mensual que supera los $110.000 únicamente en peajes.

A este encarecimiento se suma la supresión del cobro en efectivo y la aplicación de un recargo del 100% a quienes transiten sin TelePASE. Para la Defensoría, estas imposiciones castigan a trabajadores, docentes y estudiantes que deben cruzar la cabina a diario.

Antecedentes de la batalla institucional

La presentación de Maciel se suma a una serie de acciones iniciadas por la entidad. En abril de 2024, ante un pedido similar, Vialidad respondió que la existencia de colectoras "no es obligatoria" en peajes nacionales. En aquella ocasión, Maciel denunció que "Vialidad le está dando la espalda a los vecinos" y que resulta "injusto que la única alternativa sea un camino más largo y en malas condiciones".

A pesar de las evasivas oficiales, la Defensoría mantuvo el reclamo en la Secretaría de Obras Públicas y mediante la Actuación N° 124-2025. Si bien en mayo de 2025 Vialidad había asegurado que los pliegos contemplarían las tarifas diferenciales vigentes, la llegada de VIAL 8 derivó en este cobro obligatorio.

Ante esto, Maciel reafirmó que la Defensoría continuará exigiendo la eximición total de la tarifa mientras el Estado no ejecute las obras viales correspondientes.

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