Los trabajadores de la empresa avícola Tres Arroyos, que cuenta con una planta en el distrito de Pilar, iniciaron desde el viernes un paro de actividades en reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios. La medida fue adoptada luego de que la firma volviera a fraccionar los haberes y mantuviera deudas que, según los empleados, alcanzan hasta el 50% de los sueldos correspondientes.

De acuerdo a lo manifestado por los operarios, el pago en cuotas se volvió una práctica habitual. Los salarios se abonan en cuatro o cinco tramos, sin un cronograma fijo ni fechas precisas, lo que genera un escenario de incertidumbre permanente. La situación afecta tanto a trabajadores mensuales como quincenales, quienes aseguran que solo recibieron una parte del sueldo y que aún aguardan el saldo restante.

El conflicto se agravó además por el incumplimiento en el pago del aguinaldo y serias irregularidades en las vacaciones. Según denunciaron, quienes salen de licencia reciben apenas un adelanto y el resto del dinero se acredita, cuando ocurre, una vez finalizado el período de descanso, a contramano de lo establecido por la normativa laboral. Incluso, hay empleados que actualmente se encuentran de vacaciones sin haber cobrado lo que corresponde.

La empresa había presentado en diciembre de 2024 un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, argumentando una caída en las ventas y dificultades económicas. Ese mecanismo habilitó el pago fraccionado de salarios por un período de 12 meses. Sin embargo, los trabajadores sostienen que dicho plazo ya se cumplió y que, pese a ello, no hubo una normalización en los pagos.

Pese a la medida de fuerza, los empleados aseguran que no existe diálogo con la patronal. Como modalidad de protesta, concurren a la planta a cumplir con el fichaje horario y luego se retiran de sus puestos sin retomar tareas. La planta emplea actualmente a unas 300 personas, todas alcanzadas por el mismo reclamo: el pago completo y en tiempo de los salarios.

Un conflicto que viene de arrastre

La situación actual se inscribe en un escenario de crisis que se profundizó en los últimos meses, aunque comenzó a hacerse visible públicamente hacia septiembre del año pasado. Desde hace casi un año, el pago en cuotas se convirtió en una constante, afectando de manera directa la economía de las familias. Según estimaciones de los propios trabajadores, la pérdida salarial acumulada ronda el 11 por ciento.

A esto se suman denuncias por descuentos ante medidas de fuerza, dificultades para cobrar vacaciones y un proceso de reducción de personal. En la planta de Pilar, la dotación se redujo de unos 450 a cerca de 300 empleados en poco tiempo, lo que refuerza la preocupación por un ajuste sostenido.

Los trabajadores advierten que situaciones similares se repiten en otras plantas de la empresa en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el denominador común y el reclamo se mantiene firme: cobrar el salario completo, sin cuotas y dentro de los plazos legales.