Desde TECHO aseguran que sin embargo es insuficiente. Además, desde la entidad afirmaron que en Pilar hay 17 mil familias afectadas por la falta de vivienda.
A fines de la semana pasada, el Gobierno Nacional estableció cómo se distribuirá la recaudación del impuesto del 30 por ciento para la compra de dólares y el turismo en el exterior, lo que se aplicará a partir de la llamada Ley de Emergencia y Solidaridad Productiva.
A través del decreto 184/2020, el Poder Ejecutivo estableció que el 70 por ciento del total recaudado se destinará a financiar programas y prestaciones para los jubilados, en tanto que el 30 restante, se distribuirá entre, partidas para obras de infraestructura económica (65%), promoción y fomento del turismo nacional (5%), y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), para el financiamiento de obras de vivienda social (30%).
En este último punto entra el aporte de las entidades sociales. Gracias al movimiento, encabezado principalmente por la organización social TECHO, el 9 por ciento será destinado a resolver las diferentes problemáticas sociales que se encontraron en los Relevamientos de Asentamientos Informales. Una cifra que rondaría los 22 millones de pesos.
Al respecto, el representante de la ONG Francisco del Pino detalló cómo fue que comenzaron con el proyecto y en qué medida ayudarán los fondos recaudados por el “Impuesto País”.
“El proyecto surge de un problema muy grande que tiene nuestro país y conocer a fondo sobre esta situación era una forma de resolver los asentamientos. Sin embargo, no había ningún tipo de registros de cuáles eran los barrios populares que había en el país. Fue entonces que en el 2011, TECHO comenzó a hacer los Relevamientos de Asentamientos Informales”, contó Del Pino a
Resumen.
En 2016, la Jefatura de Gabinete convocó a las organizaciones sociales “para formalizar e institucionalizar este proyecto y llegar a las provincias donde se encontraba la mayor cantidad de población”, fue entonces que junto a Ctep, Barrios de Pie, Caritas, “comenzamos lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares, que entró como una dirección dentro de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social y hoy está dentro de Vivienda y Hábitat”.
El segundo paso de ese registro, era crear un marco para la urbanización de estos barrios y poder comenzar con las obras, para poder regularizarlas al mismo tiempo. De esta manera, en 2018 “impulsamos con las demás organizaciones, la Ley de Integración Urbana (23.453) que entre otras cosas, prohíbe los desalojos por cuatro años y la regularización de las obras. Dentro de ese marco, crea un fondo, el cual básicamente es un fideicomiso, que permite la integración social y urbana”.
Asimismo, Del Pino aseguró que al hacer un balance de números que fueron recaudando a través de los años, se encontraron con una situación preocupante: 4 mil barrios del país -alrededor de 4 millones de personas- no contaban con al menos dos de los tres servicios básicos que una persona necesita para vivir, “además de la situación precaria de las viviendas, la falta de título de los terrenos y el problema de las calles, las cuales son intransitables. Hay derechos, pero no están siendo aplicados a un gran porcentaje de la población de nuestro país”.
El fondo destinado no llega ni al 1 por ciento de lo que se necesita”
Y destacó que en Pilar “nos encontramos con 49 barrios dentro del municipio donde hay más de 17 mil familias viviendo en estos barrios. Es un problema que excede cualquier tipo de gobierno, ya que estos registros datan desde hace 35 años. El último fue en el 2018”. “Hoy en día entendemos que hay falta de financiamiento, combinada con falta de prioridad. Somos optimistas y tomando esto, de que se haya destinado una partida presupuestaria, que haya un ministerio de Vivienda y de Hábitat que luche por esta problemática y que termine en un plan estratégico a largo plazo que solucione la problemática de los barrios”, añadió.
Para cerrar, del Pino apuntó sobre el porcentaje destinado a la causa, el cual no es suficiente, pero “es un avance”. “Sabemos que este proyecto apunta a integrar a estos barrios a la ciudad de manera formal. Lo importante es ir a cada uno de ellos y hacer un análisis de cuál es la prioridad. La respuesta debe ser integral como para formalizar esa situación. Pero el fondo destinado no llega ni al 1 por ciento de lo que se necesita. Para que esto escale, se necesita otra estrategia de financiamiento y no otros caminos que pueden ser momentáneos”, apuntó Del Pino.
Además, alertó que “esto no se trata solo de gente que ocupa terrenos, sino de personas que compran terrenos de buena fe a un vendedor informal y muchas veces resultan ser estafados. La principal problemática de asentamientos, es el movimiento especulativo de estas inmobiliarias”.
En Pilar
Alrededor de 500 voluntarios trabajan todos los días para combatir asentamientos. Cien de ellos se dedican exclusivamente a la construcción, “Trabajamos continuamente en San Alejo, La Lomita, Agustoni, San Jorge, Pinazo, Lucchetti (Villa Rosa), Lagomarsino, entre otros. También estamos muy involucrados con la infraestructura, hicimos una plaza y estamos tratando de encarar la construcción de un nuevo jardín.
Asimismo contó que “estamos hablando con el Municipio para generar un plan de emergencia habitacional que acabe con las casitas precarias y mejore la calidad de viviendas en Pilar, para que dejemos de encontrarnos con casas que tienen pisos de barro o paredes de chapa. Todos deben vivir cómo se merecen”.
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