El fiscal asegura que el proceso judicial seguirá su curso aunque Novo podría evitar la destitución, aunque “pruebas hay en exceso” para que esto último se produzca. Además, afirmó que será difícil “enderezar un organismo desviado”.
La renuncia del Fiscal General de San Isidro, Julio Novo, el pasado jueves luego de presentar una carta al procurador bonaerense Julio Conte Grand, ha generado numerosas especulaciones y preguntas sobre cómo podría seguir la causa de ahora en más. Ante esta nueva situación, el fiscal pilarense Luis Angelini, querellante en la denuncia contra Novo y sus adjuntos, aseguró que la renuncia “fue presentada para eludir responsabilidades derivadas del proceso de enjuiciamiento”, a pesar de que Novo aseguró en el escrito que se debía a cuestiones personales.
Asimismo, Angelini no dudó en asegurar que la causa que se ha iniciado, seguirá su curso legal pero admitió que, de ser aceptada la renuncia, Julio Novo podría eludir la destitución del cargo. “Pruebas para la destitución hay en exceso”, aseveró el funcionario judicial. Por otro lado, destacó que lo positivo de la decisión tomada por el fiscal general es que de esta forma “se deja espacio para que el cargo sea ocupado por alguna persona con virtud cívica que pueda enderezar un organismo desviado, a mi criterio, tras la gestión de Novo y Falbo”, aunque reconoce que esta será una tarea muy difícil ya que, desde su punto de vista, la moral que se ha dejado es contraria a los valores jurídicos derivados de la Constitución “lo cual es muy difícil de modificar a corto plazo”.
La causa
La Cámara Federal de San Martín confirmó el viernes 23 de junio el procesamiento del fiscal general de San Isidro, Julio Novo (suspendido en noviembre de 2015) y cuatro de sus colaboradores Eduardo Marcelo Vaiani (ex fiscal en Pilar), Rodrigo Fernando Caro, Melisa Fernanda Rey y Mariana Bussé por “encubrimiento agravado”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, y “coautores” en el entorpecimiento de las investigaciones de asesinatos ligados al narcotráfico.
En 2012, el pilarense Angelini denunció que desde la Fiscalía General estaban colocando trabas para continuar la investigación que involucraba a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá.
La Sala II del Tribunal ratificó el procesamiento que en primera instancia impuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a fines de octubre del 2016 tras la presentación de declaraciones, documentación y entrecruzamientos telefónicos.
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