La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó la validez de su radicación en Pilar y declaró nulas las resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Ministerio de Justicia de la Nación que habían intentado mantener el control sobre la entidad y designar veedores para fiscalizar su funcionamiento.

La decisión judicial representa un fuerte respaldo al cambio de domicilio social aprobado por la Asamblea General de la AFA en octubre de 2024, mediante el cual la institución dejó formalmente su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, para establecerse en Mercedes 1366, en el partido de Pilar.

En un fallo firmado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, el tribunal sostuvo que el control de legalidad y fiscalización de la entidad corresponde actualmente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, organismo que autorizó el cambio de jurisdicción y consolidó la inscripción de la AFA en territorio bonaerense.

De esta manera, los jueces resolvieron cancelar la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino en el Registro Público administrado por la IGJ y declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por ese organismo en febrero de este año. Asimismo, dejaron sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles para supervisar la actividad institucional de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Según surge de la sentencia, la Asamblea General celebrada el 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación estatutaria que fijó el nuevo domicilio social en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló la mudanza mediante la Resolución 9000/2024, consolidando la radicación definitiva de la entidad en Pilar.

Los magistrados remarcaron que la IGJ no posee facultades para revisar ni cuestionar decisiones adoptadas por el organismo bonaerense. En ese sentido, sostuvieron que los actos administrativos emitidos por la Provincia tienen plena validez mientras no sean impugnados judicialmente y que, por lo tanto, el domicilio social de la AFA goza de total eficacia jurídica.

El fallo también abordó la cuestión de los estados contables de la entidad. La Cámara señaló que el control de esa documentación no es una facultad exclusiva de la IGJ, sino que corresponde al organismo con competencia territorial sobre la asociación. Por ello, consideró que cualquier fiscalización deberá continuar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

La sede actual de la AFA en Pilar fue otorgada mediante un contrato de comodato firmado con la Municipalidad el 27 de septiembre de 2024, que le concedió a la entidad el uso del inmueble para el funcionamiento de oficinas y dependencias administrativas.

No obstante, la resolución judicial no impacta sobre las causas penales que involucran a la AFA y algunos de sus dirigentes. Entre ellas se encuentra una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Villa Rosa, incluida una casaquinta valuada en 17 millones de dólares. Dicha pesquisa fue recientemente derivada nuevamente a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Además, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino continúan procesados en una causa por presunta retención indebida de aportes, expediente que también se encuentra bajo análisis de la Justicia Penal Económica.

Con este fallo, la Cámara Civil puso fin al conflicto de competencia administrativa y ratificó que la AFA, desde el punto de vista societario e institucional, se encuentra bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires, con sede formal en nuestro distrito.