La Justicia ordena la restitución del predio de Panamericana a Mateo Corvo Dolcet

En las últimas horas, una decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, ha sorprendido al Municipio de Pilar. El magistrado resolvió dar por finalizada la cesión del predio ubicado en el kilómetro 46 de la Autopista Panamericana al Municipio y restituirlo a su anterior propietario, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, quien es investigado en una causa de lavado de dinero vinculado a la familia de Pablo Escobar y a José Bayron Piedrahita Ceballos.

La restitución del terreno, que alberga en su interior un centro de salud y diversas oficinas municipales, sorprendió a los empleados del lugar. Este jueves, efectivos de la Prefectura Naval sorprendieron a los trabajadores cuando, al presentar la orden judicial, les informaron que el edificio debía ser desalojado de inmediato.

Como resultado, las vacunas, medicamentos e información vinculada a los registros del área de Salud, quedaron dentro del espacio.

El terreno, que había sido embargado y declarado de utilidad pública, forma parte de una investigación judicial en la que se averigua el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Además de Corvo Dolcet, detenido en 2017, la causa involucra a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, familiares del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

En su momento, Corvo Dolcet había planeado construir un complejo inmobiliario de lujo en el lugar, que incluiría barrios cerrados, una estación de tren y un estacionamiento privado.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado tras la detención en 2017 de José Bayron Piedrahita Ceballos, un narcotraficante vinculado al lavado de dinero en Argentina. La detención de Piedrahita, quien fue condenado por exportar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, también vinculó a Corvo Dolcet con el cartel de Medellín.

Corvo Dolcet fue detenido ese mismo año y el inmueble fue embargado por decisión del juez Néstor Barral, en cabeza del Juzgado Federal de Morón N°3, quien en marzo de 2020 decretó la intervención de la sociedad “Pilar Bicentenario” (dueña del lugar) por endilgarle presuntas vinculaciones al lavado de activos internacional y, por consiguiente, le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el manejo.

Fue la AABE quien luego a través de una resolución le entregó el predio al Municipio de Pilar para poder utilizarlo en el marco de la crisis sanitaria que trajo el coronavirus. El Ejecutivo local, entonces, lo utilizó como centro de testeo y de vacunación, sirviendo así a miles de pilarenses. Actualmente, en el lugar también funcionaban dependencias de Licencias de Conducir.

En 2024, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos realizados por Corvo Dolcet (excarcelado en 2018) para recuperar el predio, ratificando la expropiación aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ahora, el juez Martínez de Giorgi ha revertido la medida y ha dispuesto que el terreno sea devuelto a su anterior dueño.