La Justicia ordena a AySA facturar individualmente a cada vivienda en barrio privado

La Cámara Federal de San Martín revocó un fallo de primera instancia y ordenó a la empresa AYSA que facture el consumo de agua de manera individual en un barrio privado de Pilar. Anteriormente, la empresa había comenzado a cobrar de manera general. Esta decisión establece un precedente significativo para decenas de countries de la zona norte que habían enfrentado fallos judiciales adversos.

El tribunal, compuesto por los jueces Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, aceptó la presentación del barrio El Portillo, situado en Manuel Alberti, que acudió a la Justicia tras el cambio repentino en la facturación. En primera instancia, el juzgado federal de Campana, con jurisdicción en la zona, había rechazado la medida cautelar, argumentando que "no se apreciaba la existencia de un perjuicio provocado por un accionar arbitrario o ilegal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que no pudiera repararse con el dictado de una sentencia definitiva".

El consorcio del barrio privado, donde residen 66 familias, apeló el fallo sosteniendo que era evidente "el perjuicio patrimonial y social" para los vecinos, ya que la nueva factura de AYSA se "debía liquidar en las expensas conforme a los porcentuales dominiales de cada propiedad", independientemente del consumo. Los abogados del barrio, representados por el estudio López Canfora-Lopez Melnyk, argumentaron que esto obligaba a los vecinos a pagar por consumos que no habían realizado y a financiar a aquellos que incumplían con el pago.

Además de la facturación global, el consorcio cuestionó la decisión de AYSA de abandonar el mantenimiento de las redes hasta cada medidor individual. Esta tarea había estado a cargo de la empresa Sudamericana de Aguas hasta 2018, cuando el servicio fue transferido a AYSA. "Desde aquel entonces y hasta mayo de 2023, la prestación del servicio no sufrió variación alguna. Las facturas comenzaron a ser emitidas por la Municipalidad de Pilar de forma individual a cada propietario, y el mantenimiento de la red era gestionado por AYSA", explicaron los abogados de El Portillo a Infobae.

La empresa, por su parte, respondió que "ninguna unidad funcional del barrio se abastecía de manera independiente desde la red de AYSA, no existiendo la posibilidad de medir el consumo individual de cada lote desde la vía pública, ni pudiendo intervenir de ninguna manera dentro del barrio sin violar su propia norma federal".

Sin embargo, la Cámara de San Martín falló a favor del consorcio y suspendió el sistema de facturación general. El fallo, al que accedió Infobae, cita una decisión anterior de la Corte Suprema sobre una cuestión similar: "En cuanto al peligro en la demora invocado, no puede dejarse de lado que, de realizarse la facturación global, se debe proceder al prorrateo del pago entre los copropietarios sin tener en cuenta el consumo efectivo, de modo que dicho pago generalizado no podría en una futura sentencia otorgar una efectiva reparación a aquellos vecinos que hubiesen pagado un excedente que no consumieron", opinaron los jueces.

No obstante, el tribunal rechazó la pretensión del consorcio sobre el mantenimiento de las redes internas. "A primera vista, no puede prosperar, en tanto que, del Marco Regulatorio citado, surge claramente que los usuarios del servicio están obligados a instalar a su cargo los servicios domiciliarios internos de agua y desagües cloacales de acuerdo a las normas técnicas de la Ley 13.577 o las que dicte la Autoridad de Aplicación, y a mantener en buen estado las instalaciones", dice el fallo.

La resolución tiene impacto sobre decenas de barrios privados. Muchos de ellos ya habían acudido a la Justicia, pero hasta ahora todos los amparos habían sido rechazados por el juzgado federal de Campana.

"Tomando en cuenta el antecedente del barrio Sausalito, la Secretaría de Obras Públicas dictó en diciembre de 2023 la resolución 641/2023, donde se aceptó, entre otras cosas, la posibilidad de que los consorcios adscriptos a la propiedad horizontal o análogos pudieran determinar mantener la facturación individual y transmitirle a la empresa concesionaria tal voluntad. Pese a ello, al día de la fecha, AYSA continúa facturando globalmente a los consorcios, debiendo estos recurrir a la Justicia para proteger sus patrimonios y evitar ser un órgano de recaudación de la empresa", opinó el abogado Rodrigo López Canfora.