La Justicia aceptó la demanda del Gobierno para declarar nula la renegociación de la concesión de la Panamericana

El Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa presentada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que interpuso una demanda para declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con la firma Autopistas del Sol S.A (Ausol), que comprometía al Estado con una deuda millonaria.

En el marco de las denuncias presentadas por el Gobierno, resta que el mismo juzgado se expida sobre un reclamo similar planteado en relación al Acceso Oeste, actualmente en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

Así lo reveló hoy el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien a través de Twitter, dijo que "la Justicia aceptó la demanda para que se declare nula la renegociación de 2018 con la concesionaria Ausol" y recordó que el mismo camino iniciaron en relación a la concesión del Acceso Oeste.

"El gobierno anterior reconoció una deuda y una tarifa dolarizada, que garantizaban ganancias extraordinarias a estos grupos económicos", remarcó Katopodis al dar cuenta de la decisión de la Justicia de dar lugar a la investigación.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas expresó su convicción de que se podrá "desarmar este negociado" encabezado por la administración de Mauricio Macri.

En ese marco, recordó: "Solicitamos también medidas cautelares que restituyan al Estado la administración de los accesos Norte y Oeste".

A través de un decreto publicado a mediados de septiembre pasado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Ausol y GCO, respectivamente, renegociados bajo la administración de Cambiemos en 2018.

La presentación, realizada por Obras Públicas a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

Esto se debe a que en 2018, Ausol y GCO "firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de Ausol y U$S 272.621.570 para el caso de GCO)", precisó la cartera a cargo de Katopodis en un comunicado.

En este sentido, explicó que "se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual" que "era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda".

"Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387", remarcó Obras Públicas.

A ello se sumó que los montos debían ser percibidos por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas, con lo cual, para cumplir con esas obligaciones la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.

Asimismo, "la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", apuntó el Ministerio, y planteó que "cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000 millones".

En su artículo 1, el Decreto 633/2022 firmado por Presidente, el ministro Katopodis y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, declara "lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los decretos 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida".

Desde Obras Públicas afirmaron que "de forma previa a la sustanciación de las demandas, el Ministerio solicitó a la Justicia con carácter urgente el dictado de medidas cautelares inaudita parte, a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de los accesos Norte y Oeste".

En esta línea, la cartera asentó que "desde el inicio de la gestión, Obras Públicas se hizo cargo de la administración de rutas y autovías en todo el territorio, con el objetivo de seguir recuperando el rol central de Vialidad Nacional en la Argentina".