La expropiación del predio del kilómetro 46 ha quedado firme

En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia ha dejado firme la expropiación del predio ubicado en Pilar que, durante la pandemia del COVID, sirvió como centro de testeo y vacunatorio del distrito.

La empresa propietaria, conocida como Pilar Bicentenario S.A había sufrido el embargo del lugar debido a estar relacionado con una causa judicial en la que están acusados la viuda y el hijo de Pablo Escobar por lavado de activos oriundos del narcotráfico internacional. La expropiación llegó de la mano del Congreso de la provincia de Buenos Aires y fue enviado a la justicia para su discusión.

El predio, ubicado en el kilómetro 46 de Panamericana, altura de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, tiene un edificio que había sido pensado por Mateo Corvo Dolcet como un centro de transbordo y cocheras.

Sin embargo, esto jamás se ejecutó y quedó en desuso en 2017, mismo año en que se detuvo a Dolcet en el “Café los Angelitos”, relacionados con el narco colombiano José Byron Piedrahita Ceballos que había sido detenido en Estados Unidos y estaba vinculado al Cartel de Medellín.

El inmueble fue embargado por decisión del juez Néstor Barral, en cabeza del Juzgado Federal de Morón N°3, quien en marzo de 2020 decretó la intervención de la sociedad “Pilar Bicentenario” por endilgarle presuntas vinculaciones al lavado de activos internacional y, por consiguiente, le encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el manejo.

Fue la AABE quien luego a través de una resolución le entregó el predio al Municipio de Pilar para poder utilizarlo en el marco de la crisis sanitaria que trajo el coronavirus. El Ejecutivo local, entonces, lo utilizó como centro de testeo y de vacunación, sirviendo así a miles de pilarenses. Actualmente, en el lugar también funcionan dependencias de Licencias de Conducir.

Meses después, la provincia de Buenos Aires sancionaba la Ley 15.239 que declaraba “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el lugar, propiedad de Pilar Bicentenario S.A. El fin era destinarlo a “la construcción y puesta en funcionamiento de instalaciones judiciales”, al Ministerio Público Fiscal para montar una “Delegación de la Casa de la Provincia de Buenos Aires” y a la Municipalidad de Pilar con el objetivo de construir “dependencias municipales descentralizadas”.

Desde Infobae indicaron que Pilar Bicentenario S.A ante la resolución emitió una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en donde indicaba que el inmueble había sido donado parcialmente al Estado Nacional y que estaba afectando al servicio interjurisdiccional de pasajeros.

La Corte, por su parte, rechazó la solicitud por considerarla “extemporánea” y la empresa presentó otro recurso extraordinario federal, denegado también.

Finalmente, ante la presentación de un recurso de queja que llegó a la Suprema Corte de Justicia, desde donde –con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– se resolvió desestimar la impugnación en tanto “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, según requiere el artículo 14 de la ley 48.