La Defensoría del Pueblo solicitó mantener la eximición del pago en el peaje Larena

La semana pasada se reavivaron las tensiones alrededor del peaje Larena, que se encuentra sobre la Ruta 8 en el límite entre Pilar y Exaltación de la Cruz. Estas cabinas llevan casi 20 años en conflicto, ya que se encuentran en una zona donde nunca se concretó la construcción de las colectoras como vía alternativa. De esta manera, los vecinos linderos han manifestado desde entonces la inconstitucionalidad del cobro, y hasta ahora circulaban como “no pagantes”.

Sin embargo, días atrás la empresa Corredores Viales S.A., concesionaria del peaje, expuso que todos los usuarios de la ruta deberán abonar para que se levante la barrera, lo que volvió a movilizar a los vecinos que luchan bajo la consigna “Sin colectora, no hay peaje”.

Como si fuera poco, las exigencias de la empresa se dieron en la misma semana en la que se aprobó un incremento tarifario del 200 por ciento, pasando de 300 a 900 pesos. Esto motivó a que, durante la jornada del domingo, vecinos de Exaltación de la Cruz llevaran a cabo una asamblea en la que se decidió continuar sin abonar. Aseguraron que “no hay que dejarse intimidar”, y que deben seguir exponiendo en la cabina la frase “no pago” hasta que levanten las barreras.

Mientras tanto, desde Pilar el conflicto llegó hasta la Defensoría del Pueblo, que, a través de su titular, Adrián Maciel, solicitó a su par de la Nación, Juan José Bockel, que intervenga en la devolución del beneficio para los vecinos de la zona.

En ese marco, el pilarense pidió por “la repetición de la actuación 4236/08 y de la Resolución 151/08, ambas producidas por el organismo a su cargo, por las cuales se eximió del pago de tarifas de peaje a los vecinos del partido de Pilar hasta tanto se habiliten las colectoras correspondientes”.

Asimismo, la carta enviada por Maciel agregó: “Es de conocimiento público que la falta de colectoras adecuadas en la zona ha generado una carga financiera injusta para los ciudadanos, quienes se ven obligados a abonar tarifas de peajes sin disponer de las infraestructuras viales alternativas prometidas”.

Y finalmente, cerró: “Considero fundamental que la Defensoría del Pueblo de la Nación retome este caso, entendiendo su legitimidad para realizarlo”.