La semana pasada se llevaron a cabo dos jornadas en el marco de la audiencia pública para determinar las tarifas de la energía eléctrica, y el Estado nacional planteó una actualización que se reflejen en un incremento de entre el 17 y el 20 por ciento en lo que paga el usuario final.
No obstante, las empresas que prestan el servicio, como Edenor en el caso de Pilar, aseguran que ese incremento debería ser cercano al 40 por ciento. De todas formas, aún resta conocer cual será la decisión final, que impactará directamente en el bolsillo de los consumidores.
Por su parte, el distrito tuvo presencia en estas jornadas que se llevaron a cabo para disertar respecto de la actualidad del servicio y los requerimientos a futuro. Se trata del defensor del pueblo de Pilar, Juan Manuel Quintana, quien destacó: “Participamos activamente como expositores y hablamos respecto de la suba de tarifas. Es verdad que hubo muchas críticas al servicio, pero se trata de una discusión muy grande, porque sabemos que debe haber un aumento, ya que en los últimos dos años no se ha dado más que un 9 por ciento en 2021”.
En tanto, manifestó que “como no se produce energía a partir de las represas hidroeléctricas por las sequías, se genera la energía a través de centrales térmicas que consumen combustibles, y estos aumentaron sus precios a nivel mundial, por eso es entendible que se aumenten los costos y las tarifas deben subir. Ahora bien, lo que pedimos, defendiendo a los usuarios, es que ese aumento sea lo menos posible para la clases baja y media, los comerciantes, las pymes. Por eso se habló de segmentación y cuestiones técnicas que van a llevar más tiempo de discusión, pero en las que el Estado se encuentra trabajando”.
Según la mirada de Quintana, actualmente hay una cuestión de suma importancia a tener en cuenta, y tiene que ver con el cuadro tarifario y los consumos. “Cuando se modificó el cuadro en 2016, se buscó generar conciencia y que la gente ahorre energía castigando a los que consumían muchos kilowatt-hora (kWh), pero esa franja quedó muy baja porque todo el mundo consume más del límite y pasa de pagar 400 a 1.200 de cargo fijo, aún sin aumento”, sostuvo.
Y explicó: “Esto se debe a que se presupone que el que consume más es el que tiene mayor poder adquisitivo, pero vemos que la gente de bajo recursos consume más energía porque no tiene otros servicios como agua corriente o gas, y precisa la electricidad para todo, desde una bomba para sacar agua hasta para cocinar o calefaccionarse”.
Por esa razón, el ombudsman plantea que a la ley de electrodependientes, que apunta a personas que requieren un servicio sin cortes por tener una enfermedad, se le agregue “una subcategoría para incluir a estas personas para los que la electricidad se transforma en un servicio básico esencial para vivir”.
Finalmente, indicó que de todas maneras se trabaja en promover el consumo responsable, y se buscará seguir avanzando con cuestiones como la segmentación, donde “en Pilar se dice que se podrá aplicar de manera más fácil teniendo en cuenta a los barrios cerrados, aunque es un tema a discutir”.
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