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Ante la inflación, la entidad solicitó un mayor control en el desarrollo de la iniciativa y las sanciones a quienes no cumplan con las normativas. “Es obligación de las autoridades proteger estos derechos”, dijo el ombudsman.
En un contexto donde la situación económica del país ha producido una inflación mucho más allá de la que se había proyectado a principio de año, el incremento en el precio de los diferentes productos de la canasta básica y de uso cotidiano es una de las problemáticas con las que se encuentra la gente en el día a día.
Asimismo, hay que recordar que para contrarrestar este efecto que pega de lleno en los bolsillos de los vecinos, el programa de Precios Cuidados se ha convertido en una herramienta crucial. Sin embargo, el incumplimiento en muchas de las medidas que se implementan con esta iniciativa, provoca otro reclamo por parte de los consumidores.
En ese sentido, quien ha tomado la posta para actuar al respecto de los derechos de los ciudadanos es la Defensoría del Pueblo, ya que desde la institución se subrayan las faltas más frecuentes, las cuales están vinculadas al efectivo respeto de los importes fijados, a la difusión de los listados de productos alcanzados por el programa, a la visibilidad de dichos productos, a la falta injustificada de stock, y a la identificación de mercaderías que integran el compromiso.
Respecto de este reclamo, el defensor del pueblo de Pilar, Juan Pablo Trovatelli, sostuvo: “Los consumidores tienen derecho a acceder a la información adecuada y a elegir con libertad los productos que consumirán; además es obligación de las autoridades proteger estos derechos brindando educación para el consumo, defendiendo la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y controlando los monopolios”.
Por estos motivos desde la Defensoría se solicitó a Defensa al Consumidor y a la Secretaría de Comercio, que se arbitren los mecanismos necesarios para informar si existe un control fehaciente de la aplicación del Programa Precios Cuidados en nuestra ciudad y la realización de informes acerca de sanciones a los comercios que no cumplan con dicho programa.
“Solicitamos activar su implementación, realizar controles de su aplicación, y sancionar a los comercios que no la cumplan”, explicaron desde la entidad, que a lo largo de los últimos meses también tomó partido por diferentes quejas de la comunidad, como por ejemplo el aumento que se había propuesto en la tarifa del gas, medida que luego fue reevaluada por el Gobierno, quien finalmente se hizo cargo del costo extra por la devaluación del dólar.
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