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Juan Pablo Trovatelli afirmó que el debate debería hacer foco propuestas para garantizar los derechos de los niños. “Deben aumentarse los recursos y políticas de protección”, dijo.
En medio del revuelo que ha causado el proyecto que intenta llevar adelante la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el Ministro de Justicia, Germán Garavano que estipula la baja de edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos graves, muchas han sido las opiniones.
Diario Resumen ha seguido la temática desde el inicio del 2019– al igual que en 2017 – y ya han dado sus opiniones el abogado Tomás Pérez Bodria, el letrado penalista Roberto Damboriana y los ediles Federico Achával (Frente Pilarense) y Adrián Maciel (Pilar Federal). Ahora, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado contra la medida.
"Nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes. Creemos que el debate necesita hacer foco en la generación de propuestas que pretendan resolver así cómo garantizar el cumplimiento de sus Derechos", expuso Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo en un comunicado.
Al mismo tiempo, desde la entidad explicaron que se encuentran trabajando junto a organismos sociales y de Derechos Humanos en múltiples proyectos para combatir “la alarmante situación que atraviesa esta población en nuestro país”: “se continuará combatiendo la estigmatización de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables” y sostiene que “deben aumentarse los recursos y políticas de protección de los Derechos de la Infancia”.
Asimismo, en un documento expuesto en redes sociales por la Defensoría se especifica que “detrás de esta "discusión" no hay una decisión política de mejorar la situación de los más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos”
Entre estas premisas falsas enumeran la alta incidencia en los jóvenes y la utilización de menores para cometer delitos (ya que esto los convierte en víctimas, no victimarios), al tiempo que piden el aumento en políticas de protección de Derechos de la Infancia, que se prohíba el uso de armas de fuego contra niños y que se “ponga fin a las políticas de ajuste sin trabajo a las familias”
“Finalmente, reafirmamos que un país que condena a sus niños a las mínimas posibilidades de desarrollo es un país que se condena a sí mismo, un país sin un proyecto para la infancia es en sentido estricto un país sin proyecto. Por eso decimos: la baja de edad de punibilidad no es la solución”, cierra el documento.
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