La CTA Pilar participó este jueves de la movilización realizada frente al Congreso Nacional en rechazo al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, según las organizaciones convocantes, implica un retroceso en materia de acceso a la tierra, la vivienda y otros derechos sociales. La protesta reunió a las dos CTA, la CGT y distintos movimientos sociales y sindicales, que expresaron su oposición al proyecto que se debate en el Senado.

En diálogo con Resumen, el referente de la CTA Pilar, Daniel Llanes, explicó que la decisión de movilizarse surgió de manera conjunta entre las centrales sindicales con el objetivo de frenar una ley que consideran perjudicial para los sectores populares. Además, señaló que la convocatoria también busca fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a una serie de medidas que, a su entender, afectan los derechos conquistados por los trabajadores.

Llanes sostuvo que el proyecto se presenta como una herramienta destinada a proteger el derecho de propiedad, aunque remarcó que ese derecho ya se encuentra garantizado por la Constitución Nacional. Desde su perspectiva, el verdadero alcance de la iniciativa pasa por favorecer una mayor concentración de la tierra y limitar el acceso de amplios sectores de la sociedad a un recurso esencial como el suelo para vivienda o producción. También manifestó que la norma impactaría sobre los derechos de comunidades originarias y sobre el uso social del territorio.

El dirigente sindical consideró que el efecto de estas políticas ya puede observarse en ciudades como Pilar. Recordó que décadas atrás era habitual que un trabajador pudiera proyectar la compra de un terreno mediante el ahorro de su salario, utilizando el aguinaldo o accediendo a créditos para luego construir su vivienda de manera progresiva. Según afirmó, esa posibilidad se fue perdiendo con el paso de los años y hoy resulta prácticamente inaccesible para gran parte de la población. En ese contexto, advirtió que una mayor liberalización del mercado de tierras podría incrementar aún más los precios y dificultar el acceso a la vivienda para trabajadores, changarines y familias de ingresos medios y bajos.

Para Llanes, este debate no puede separarse de la situación económica que atraviesa el país. Señaló que durante los últimos años se produjo un deterioro constante del poder adquisitivo de los salarios y sostuvo que las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional profundizan esa tendencia al reducir la protección laboral y trasladar responsabilidades que antes asumía el Estado hacia cada individuo. En ese sentido, cuestionó el incremento de las tarifas de los servicios públicos y afirmó que el modelo económico vigente beneficia principalmente a grandes grupos económicos.

Asimismo, expresó que el retiro parcial de algunos artículos del proyecto no modifica la posición de la CTA, ya que entienden que el espíritu de la ley continúa favoreciendo intereses privados por encima del derecho colectivo. También cuestionó el accionar del Gobierno frente a las manifestaciones sociales y sostuvo que la respuesta a los reclamos ha sido la represión de jubilados, trabajadores, personas con discapacidad y otros sectores afectados por el ajuste.

Respecto al escenario político, el referente de la CTA aseguró que el país necesita recuperar una agenda centrada en las necesidades de la mayoría. Entre las prioridades mencionó la recomposición de los salarios, la generación de planes de vivienda, el impulso de la obra pública, la mejora de la infraestructura y políticas que permitan reactivar las economías regionales y el empleo. A su criterio, esas medidas no solo mejorarían la calidad de vida de la población, sino que también contribuirían al desarrollo económico de cada comunidad.

Por último, Llanes llamó a profundizar la organización de los trabajadores y sostuvo que la defensa de los derechos sociales deberá mantenerse independientemente del signo político de los futuros gobiernos. Señaló que acompañarán a cualquier gestión que impulse políticas en favor de los sectores populares, pero advirtió que también reclamarán cuando consideren que los compromisos asumidos con la sociedad no se cumplen. En ese marco, afirmó que el acceso a una vivienda digna, a salarios que permitan vivir y a un Estado presente deben volver a ocupar un lugar central en la agenda pública.