El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el plan que establece las condiciones bajo las cuales AySA deberá prestar el servicio durante el período 2027-2031. La resolución fija compromisos de inversión, objetivos operativos y un esquema tarifario que busca garantizar la continuidad del suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 30, publicada este viernes en el Boletín Oficial, apenas unos días antes de la apertura de las ofertas de la licitación mediante la cual el Gobierno busca avanzar con la transferencia de parte del paquete accionario de la compañía al sector privado.

Según establece la normativa, la aprobación del denominado "Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario" es necesaria para asegurar la prestación regular del servicio a partir del 1° de enero de 2027.

El programa contempla cuatro áreas centrales de trabajo: mantenimiento, operaciones, mejoras y obras de infraestructura. En cada una de ellas se establecen metas que la empresa deberá alcanzar durante los próximos cinco años.

Qué pasará con las tarifas

Uno de los principales puntos definidos por el ERAS es el esquema que regirá los valores del servicio hasta 2031. La resolución establece que el nivel tarifario vigente al momento de corte se mantendrá constante en términos reales durante todo el primer ciclo.

De esta manera, el organismo regulador no prevé nuevos incrementos reales de las tarifas durante ese período. El esquema parte de un coeficiente K real de 1.877,6167.

Además, se estableció una Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial de 790.074,6 millones de pesos. Este valor representa el conjunto de instalaciones e infraestructura utilizadas por AySA para brindar el servicio y será tomado como referencia para determinar las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada de la compañía.

La aprobación del plan se conoce en la antesala de una nueva instancia del proceso de privatización de AySA. El Gobierno busca que el 90 por ciento de las acciones de la empresa quede en manos privadas, mientras que el 10 por ciento restante permanecerá en poder de los trabajadores.

El esquema contempla una concesión inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderla por hasta una década adicional. Durante ese período, AySA continuará teniendo a su cargo la prestación exclusiva del servicio dentro del área regulada.

En una primera etapa, la operación contempla la concesión del 51 por ciento de las acciones que actualmente pertenecen al Estado. La empresa presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios bonaerenses.

Más adelante, el proceso prevé una segunda instancia en la que se realizará una oferta pública inicial para colocar otro 39 por ciento del capital accionario en el mercado bursátil. El restante 10 por ciento continuará bajo control de los empleados.

Los interesados en participar de la licitación tendrán tiempo hasta este jueves para presentar sus propuestas a través de la plataforma CONTRAT.AR. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día a las 10.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estará a cargo de llevar adelante el proceso de venta de las acciones de AySA.