El Municipio de Pilar volvió a referirse a la situación del predio ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana y difundió nuevas fotografías y videos para mostrar las condiciones en las que se encontraba el inmueble cuando las dependencias municipales que funcionaban allí fueron desalojadas por orden judicial, en marzo de 2025.

A través de dos publicaciones realizadas este lunes en su cuenta oficial de X, el gobierno local buscó reforzar su postura frente a las imágenes que en los últimos días comenzaron a circular en redes sociales y que muestran el estado actual del edificio que durante la pandemia albergó un vacunatorio y que posteriormente fue utilizado para el funcionamiento del área de Licencias de Conducir.

"Continuando con la información respecto del predio ubicado en el km 46 de la Panamericana, dejamos constancia mediante fotos y videos del estado en el que se encontraban el vacunatorio y las dependencias de Licencias de Conducir", señaló el Municipio.

En la misma publicación, el Ejecutivo local precisó que el 13 de marzo de 2025 se produjo la intervención de la Justicia y que desde esa fecha la administración municipal dejó de tener la custodia y guarda del inmueble.

La segunda publicación estuvo específicamente enfocada en el sector donde funcionaban las oficinas de Licencias de Conducir. "Compartimos más imágenes que dan cuenta del estado en el que se encontraban las dependencias de Licencias de Conducir", indicó el Municipio, que acompañó el mensaje con fotografías y videos del interior del edificio.

Según explicó el gobierno local, las imágenes buscan demostrar que las instalaciones se encontraban en condiciones de uso al momento de la intervención judicial. "Las imágenes muestran que el lugar estaba limpio y ordenado cuando personal de Prefectura Nacional procedieron a la clausura del lugar", sostuvo.

La difusión de este nuevo material se produjo luego de que durante las últimas horas circularan registros realizados por usuarios de distintas plataformas que exhiben el estado actual del edificio, con documentación, elementos sanitarios, mobiliario y otros materiales que permanecen en distintos sectores del inmueble.

De esta manera, el Municipio procura establecer una diferencia entre las condiciones en las que se encontraba el predio cuando estaba bajo su administración y la situación posterior al 13 de marzo de 2025, fecha en la que, según su versión, dejó de tener facultades para ingresar y realizar tareas de mantenimiento.

Una disputa judicial de larga data

El predio del kilómetro 46 se encuentra atravesado desde hace años por una causa judicial vinculada a una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. El inmueble pertenecía a Pilar Bicentenario S.A., sociedad vinculada al abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet.

En 2017, el empresario fue detenido en el marco de una investigación que también alcanzó a personas vinculadas con el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos y familiares del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Posteriormente, el inmueble fue embargado y quedó bajo intervención judicial. En 2020, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asumió su administración y, durante la pandemia de coronavirus, cedió el predio al Municipio de Pilar.

El gobierno local instaló allí un centro de testeo y vacunación que tuvo un papel central durante la emergencia sanitaria. Posteriormente, el lugar también fue utilizado para el funcionamiento de dependencias de Licencias de Conducir.

En paralelo, la Legislatura bonaerense había declarado el inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación. En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la empresa propietaria y dejó firme esa situación.

Sin embargo, en marzo de 2025, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, dispuso finalizar la cesión del inmueble al Municipio y restituirlo a su anterior propietario. La medida fue ejecutada con la intervención de efectivos de Prefectura, que procedieron al desalojo y clausura de las dependencias municipales.

Ahora, frente a la difusión de imágenes sobre el estado actual del predio, el Municipio decidió publicar su propio registro fotográfico y audiovisual. El objetivo es dejar constancia de las condiciones en que se encontraban las instalaciones al momento de la intervención judicial y remarcar que desde entonces la comuna sostiene que no tiene la custodia ni la posibilidad de realizar tareas en el lugar.